20 OCTUBRE 2025-INTERNACIONAL-El Gobierno de Ecuador dio un paso atrás este domingo al anunciar que «no existen condiciones para continuar con el proceso de diálogo» con los movimientos indígenas de la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas que desde hace semanas mantienen bloqueadas carreteras y paralizadas varias regiones del país. La decisión, comunicada por el Ministerio de Gobierno, se basa en las “pretensiones e imposiciones” de algunos sectores indígenas que —según el Ejecutivo— habrían modificado los acuerdos alcanzados previamente.
El comunicado oficial señala que los nuevos planteamientos “alteran los términos acordados, cambian los actores del diálogo y vulneran los compromisos construidos con responsabilidad y buena fe”. Esta ruptura ocurre apenas cuatro días después de que ambas partes anunciaran una tregua temporal y el inicio de mesas de negociación para revisar las demandas de las comunidades, entre ellas, la reducción del precio del diésel y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Protestas sin tregua y bloqueos en Imbabura
Pese a los anuncios iniciales del ministro del Interior, John Reimberg, sobre el levantamiento de las protestas, los bloqueos continuaron en al menos trece carreteras distribuidas en tres provincias, la mayoría en Imbabura. Las comunidades alegan que el acuerdo fue firmado sin el consenso de todas las organizaciones involucradas, especialmente la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que mantiene una postura más radical y exige no solo cambios económicos, sino también políticos.
Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad se intensificaron en comunidades al norte de Quito, donde se reportaron episodios de violencia y detenciones. Según fuentes locales, el ambiente sigue tenso, con comunidades que acusan al gobierno de criminalizar la protesta y con el Ejecutivo advirtiendo que no permitirá más bloqueos ni amenazas al orden público.
Un diálogo roto en medio de tensiones políticas
El trasfondo de la crisis no es solo social, sino también político. La Conaie ha sumado a sus reclamos la oposición al referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa, que busca consultar a la población sobre la instalación de una Asamblea Constituyente. Para el movimiento indígena, esta iniciativa podría concentrar más poder en el Ejecutivo y distraer la atención de los problemas estructurales del país. El Gobierno, por su parte, considera que las protestas han tomado un rumbo político más que reivindicativo.
La ruptura del diálogo refleja también la desconfianza histórica entre el Estado y los pueblos originarios, un tema recurrente en la política ecuatoriana. En el pasado, procesos similares terminaron en acuerdos parciales o incumplidos, alimentando un ciclo de protesta y represión que parece repetirse. Esta falta de continuidad institucional en la negociación agrava la distancia entre ambas partes y debilita la legitimidad del Estado frente a las comunidades rurales.
Mientras tanto, la economía ecuatoriana empieza a resentirse por la paralización de vías, el desabasto de productos y la caída del turismo en zonas afectadas por las protestas. Los gremios empresariales han solicitado al Ejecutivo reanudar las conversaciones y buscar un punto medio que permita mantener la gobernabilidad sin recurrir a la fuerza. Sin embargo, el discurso oficial apunta a la “firmeza dentro del marco de la ley” antes que a la conciliación.
El conflicto actual recuerda episodios previos como las movilizaciones de 2019 y 2022, donde las demandas indígenas terminaron generando un impacto político de gran escala. Si el gobierno no ofrece una alternativa creíble, el país podría entrar en un nuevo periodo de inestabilidad institucional.
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