30 JULIO 2025- INTERNACIONAL- La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) fue demandada esta semana por supuestamente rechazar, frenar o poner más obstáculos a los casos de discriminación laboral relacionados con personas transgénero. Organizaciones civiles argumentan que, bajo la dirección de la presidenta interina Andrea Lucas, la agencia ha retirado demandas previas, detenido avances de nuevas denuncias y restringido la acción de oficinas estatales y locales encargadas de investigar quejas por identidad de género. La medida ha generado un fuerte rechazo en sectores que defienden los derechos LGBTQ+.
Los demandantes, entre ellos Democracy Forward y el Centro Nacional de Derecho de la Mujer, aseguran que esta conducta de la EEOC es una violación clara a la ley. Indican que, lejos de cumplir con su misión de proteger a las personas trabajadoras, la agencia parece actuar bajo criterios políticos para limitar las protecciones de quienes se identifican como trans. Todo esto ocurre en el contexto de una orden ejecutiva de Donald Trump que reconoce solo dos sexos como inmutables, contradiciendo fallos anteriores de la Corte Suprema.
Normas en conflicto con la Constitución y la ley federal
Andrea Lucas, nombrada por la administración Trump, ha dicho que su prioridad es defender la “realidad biológica del sexo”. Sin embargo, durante su comparecencia ante el Senado el 18 de junio, admitió que su agencia no es independiente y debe obedecer al Ejecutivo. Pese a ello, el fallo Bostock v. Clayton County de 2020, emitido por la Corte Suprema, estableció claramente que discriminar por identidad de género o preferencia sexual es ilegal. Este precedente sigue vigente y, según los demandantes, ha sido ignorado deliberadamente por la EEOC.
La denuncia señala también que existe una «Política de Exclusión Trans» dentro de la agencia, la cual estaría negando derechos a las personas trans que sí son otorgados a empleados cisgénero. Esta política, según los documentos presentados, viola tanto la Ley de Derechos Civiles de 1964 como la Quinta Enmienda y la Ley de Procedimiento Administrativo. Además, los grupos legales cuestionan la transparencia y el propósito real de suspender fondos a oficinas estatales encargadas de atender casos de identidad de género.
El argumento más fuerte de la demanda es que la EEOC está usando su autoridad no para hacer valer la ley, sino para aplicar una visión política restrictiva en materia de derechos humanos. Esto, de acuerdo con activistas, afecta a miles de personas que trabajan en entornos hostiles y buscan justicia frente al acoso o despido por su identidad. Al excluirlos del sistema de protección, se deja a una parte importante de la población laboral completamente vulnerable.
riesgo institucional y retroceso legal
