La Cámara de Diputados de México aprobó en lo general una reforma constitucional para poner fin a las llamadas “pensiones doradas” que reciben exfuncionarios de entidades públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y otros organismos, con la meta de limitar las jubilaciones elevadas financiadas con recursos públicos.
La iniciativa, enviada por el Gobierno federal, plantea reformar el artículo 127 de la Constitución para establecer un tope máximo a las pensiones del personal de confianza y parastatales en 50 % de la remuneración de la Presidenta de la República, lo que en 2026 equivale a un límite de unos 67 145 pesos netos mensuales.
La aprobación en lo general se logró con 458 votos a favor de los 500 diputados, aunque aún debe ser discutida y aprobada en lo particular antes de continuar su trámite legislativo. En la votación, bancadas como Morena, PVEM, PT y PRI respaldaron la reforma, mientras que el PAN presentó una moción suspensiva por la retroactividad de la medida.
El debate ha generado críticas por parte de pensionados afectados, quienes argumentan que la reforma podría violar el principio de no retroactividad y la seguridad jurídica de quienes ya perciben pensiones elevadas, mientras que sus defensores sostienen que se trata de un paso para corregir privilegios injustificables que han costado miles de millones al erario.
El proyecto surgió tras la polémica sobre jubilaciones de exfuncionarios que en algunos casos superaban el salario presidencial —incluso con registros de pensiones que alcanzaban el millón de pesos mensuales, según revisiones previas de la Secretaría Anticorrupción— lo que contribuyó al impulso para reformar el sistema.
Además de CFE y Pemex, organismos como Luz y Fuerza del Centro, Banobras y otros sectores con esquemas de pensión de confianza han sido mencionados durante el análisis legislativo como ejemplos de pensiones elevadas que el gobierno busca regular o limitar mediante la reforma constitucional.
