09 de Julio del 2025.- Diez personas fueron sentenciadas a 141 años de cárcel por su responsabilidad en diversos crímenes cometidos en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Este lugar fue señalado por las autoridades como relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La sentencia también incluye el pago de casi 1.3 millones de pesos como reparación del daño. La Fiscalía estatal informó que se trata de una de las penas más elevadas impuestas en el estado por delitos vinculados al crimen organizado.
Los detenidos fueron acusados de desaparición cometida por particulares, desaparición agravada y homicidio calificado. Estos delitos fueron cometidos contra tres víctimas, de acuerdo con el juicio oral que concluyó con la condena. El tribunal encontró pruebas suficientes para determinar la responsabilidad total de los diez implicados en cada uno de los hechos y sus agravantes. Según la Fiscalía, esta sentencia envía un mensaje firme contra la impunidad en casos de violencia extrema.
Los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 2024, cuando elementos de la Guardia Nacional acudieron al rancho tras recibir un reporte sobre disparos. A su llegada, los agentes fueron atacados con armas de fuego, lo que desató un enfrentamiento. Tras repeler la agresión, lograron ingresar al predio y capturar a los sospechosos. Dentro del rancho también encontraron a una persona sin vida y liberaron a dos víctimas que estaban secuestradas.
Entre los detenidos figuran personas identificadas como Lennin ‘N’ (también llamado Kevin ‘N’), David ‘N’, Gustavo ‘N’, Christopher ‘N’, Juan ‘N’, Óscar ‘N’, Erick ‘N’, Luis ‘N’, Ricardo ‘N’ y Armando ‘N’. Todos ellos enfrentaron cargos por desaparición en sus dos formas y por el homicidio. La Fiscalía indicó que se trató de una investigación compleja debido al nivel de violencia y la posible vinculación de los acusados con el CJNG.
Este caso se suma a otros procesos judiciales que el estado de Jalisco ha impulsado contra grupos delictivos organizados. Si bien esta sentencia marca un precedente, organizaciones civiles han señalado que la reparación del daño económico no es suficiente si no se garantiza justicia integral a las familias de las víctimas. También cuestionan que persisten zonas donde el control territorial del CJNG sigue limitando la capacidad del Estado para actuar.
Aunque la condena es significativa en términos penales, expertos en seguridad advierten que estas acciones deben ir acompañadas de estrategias más amplias. El rancho Izaguirre no era un sitio nuevo para las autoridades: versiones periodísticas habían documentado su uso previo para actividades criminales. Sin embargo, la falta de intervención previa refleja una respuesta tardía del Estado ante señales visibles de violencia. Además, se insiste en que debe existir seguimiento a posibles redes de complicidad que permitieron el funcionamiento del lugar sin ser detectado por tanto tiempo.
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