Un nuevo nombre impulsado por el ala republicana
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para cambiar el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América, al menos dentro del territorio estadounidense. Esta iniciativa, liderada por la congresista Marjorie Taylor Greene, busca consolidar el decreto emitido por el expresidente Donald Trump, quien firmó esta medida el 20 de enero, al comenzar su segundo mandato.
El proyecto busca que esta decisión no sea tan fácil de revertir por futuros presidentes, especialmente si son del Partido Demócrata. Una ley, a diferencia de un decreto presidencial, requiere un nuevo proceso legislativo para ser modificada, lo que le daría mayor permanencia al cambio de nombre propuesto.
La reacción de México y el debate interno en EU
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum respondió al cambio con sarcasmo, proponiendo renombrar a Estados Unidos como «América Mexicana», recordando los antiguos mapas del siglo XVII, cuando gran parte del territorio del oeste estadounidense pertenecía a México. Su declaración fue vista como una crítica a la visión expansionista y provocadora del expresidente Trump.
Mientras tanto, dentro de Estados Unidos, el cambio de nombre ha sido considerado por algunos como simbólico y hasta «infantil». El congresista republicano Don Bacon votó en contra y expresó su descontento públicamente. Por su parte, el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, pidió a sus colegas rechazar la ley, calificándola como «ridícula».
El cambio ya comenzó a reflejarse en plataformas digitales. Gigantes tecnológicos como Google y Apple actualizaron sus mapas para usuarios estadounidenses, incorporando el nuevo nombre. Sin embargo, fuera de Estados Unidos, el nombre sigue siendo y seguirá siendo Golfo de México, pues ningún país tiene la obligación de adoptar la nueva denominación propuesta por el Congreso norteamericano.
En términos económicos, la Oficina Presupuestaria del Congreso estimó que el cambio le costaría al gobierno federal menos de 500 mil dólares durante los próximos cinco años. Sin embargo, instituciones como escuelas, bibliotecas y oficinas estatales deberán cubrir sus propios costos para actualizar sus materiales.
El conflicto también llegó a los medios de comunicación. La agencia Associated Press se negó a adoptar el nuevo nombre, lo que desató un conflicto con la Casa Blanca. En represalia, fue excluida de la cobertura oficial y del Air Force One, el avión presidencial. Pero en abril, un juez federal dictaminó que esa exclusión violaba la Primera Enmienda, que protege la libertad de prensa.
Es genial ver que se están tomando medidas para mejorar la situación, pero a veces parece que solo hacen anuncios y no se ven resultados reales. Ojalá que esta vez sí se cumplan las promesas y se note un cambio de verdad.
Es genial que se hable de temas importantes, pero a veces siento que no se le da el enfoque correcto. Las noticias deberían ser más claras y directas, así la gente puede entender mejor lo que realmente pasa. A veces parece que se complican más de la cuenta.