26 SEPTIEMBRE 2025-NACIONAL-La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza al llamado de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, quien solicitó una mesa de diálogo para alcanzar un acuerdo sobre el pago de la deuda fiscal de sus empresas. La mandataria dejó claro que este tema no es un asunto político ni de negociación privada, sino un tema de cumplimiento de la ley.
En conferencia mañanera, Sheinbaum aseguró que, si bien su gobierno está abierto al diálogo, la deuda fiscal de Grupo Salinas —que asciende a 48 mil 382 millones de pesos en nueve casos— no puede resolverse en acuerdos fuera del marco legal. “Nunca habrá negociación de la ley, eso quedó en el pasado”, subrayó.
Sheinbaum marca distancia con Salinas Pliego
El planteamiento de Salinas Pliego fue publicado en redes sociales, donde pidió una negociación “abierta, seria y transparente” entre su equipo y el gobierno federal. Sin embargo, Sheinbaum recordó que ya han existido mesas técnicas previas con Grupo Salinas, pero que el núcleo del problema sigue siendo el cumplimiento estricto de las obligaciones tributarias.
La presidenta también reconoció que mantiene diferencias políticas con el empresario, pero insistió en que esto no influye en el caso. “No es un asunto político, es un asunto de cumplimiento de la ley”, enfatizó. La respuesta busca mandar un mensaje claro de que su administración no permitirá favoritismos ni tratos especiales.
Detalles de la deuda y antecedentes
Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, explicó que la deuda de Grupo Salinas proviene principalmente de abusos en el régimen de consolidación fiscal, vigente hasta 2014. Este mecanismo permitía que varias subsidiarias de un grupo empresarial presentaran impuestos como si fueran una sola entidad, lo cual facilitó simulaciones de pérdidas para reducir pagos al fisco.
En el caso particular de Grupo Salinas, se identificaron nueve asuntos pendientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos incluyen adeudos de cuatro empresas con problemas en ejercicios fiscales que van de 2008 a 2012, así como multas indebidas y deducciones irregulares. La suma acumulada, que continúa actualizándose con el tiempo, alcanza ya los 48 mil 382 millones de pesos.
Más allá de los señalamientos legales, especialistas en materia fiscal coinciden en que este caso marca un precedente relevante para otros grandes corporativos en México. Si el gobierno logra que Grupo Salinas cubra sus adeudos, se fortalecería la percepción de equidad tributaria y se enviaría un mensaje firme de que no existen excepciones en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Este caso podría redefinir la relación entre el sector privado y el Estado en materia de impuestos. Analistas han señalado que un eventual pago de la deuda de Grupo Salinas equivaldría al presupuesto federal anual destinado a programas sociales clave, como la Pensión para Adultos Mayores o Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que muestra la magnitud del impacto económico.
La discusión también abre un debate público: ¿deben existir mecanismos que permitan a los grandes consorcios llegar a acuerdos fiscales, o la única vía legítima es el cumplimiento pleno de la ley? Para algunos, una mesa de diálogo como la que propone Salinas Pliego podría interpretarse como un intento de ganar tiempo o de obtener beneficios especiales.
