11 de Julio del 2025.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó la detención de seis personas, entre ellas cuatro policías municipales del gobierno de Villagrán y dos civiles, en un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad y Paz, el Ejército y la Guardia Nacional. A los detenidos se les encontró en posesión de armas ilegales y equipo táctico, aunque hasta el momento no se han revelado los delitos específicos que se les imputan.
La operación fue llevada a cabo como parte de trabajos de inteligencia e investigación, en atención a un mandamiento ministerial. La Secretaría de Seguridad afirmó que estas acciones forman parte de un esfuerzo sostenido por fortalecer la legalidad y reconstruir la confianza ciudadana, especialmente en regiones con alta presencia del crimen organizado como lo es Villagrán.
Villagrán es conocido por ser una zona de operación del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), uno de los grupos delictivos más notorios en Guanajuato, lo que añade gravedad a la detención de elementos policiales locales. La posesión de armamento fuera del marco legal por parte de agentes públicos plantea serias preocupaciones sobre posibles vínculos con el crimen organizado o corrupción dentro de las corporaciones municipales.
Hasta el momento, ni la Fiscalía ni la Secretaría de Seguridad han revelado más detalles sobre los cargos formales ni sobre si existe una investigación previa que relacione a los detenidos con actividades delictivas concretas. Tampoco se ha informado si habrá acciones disciplinarias o administrativas adicionales contra el cuerpo policial municipal.
Expertos en seguridad pública coinciden en que estos casos evidencian la urgencia de una depuración profunda en los cuerpos policiales municipales, especialmente en entidades como Guanajuato donde la violencia ha escalado en los últimos años. De acuerdo con informes recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, más del 35% de los municipios en el país no cuenta con controles de confianza actualizados para sus policías. La falta de seguimiento y vigilancia sobre el personal de seguridad abre la puerta a infiltraciones por parte del crimen organizado. Una solución estructural requeriría fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecer auditorías frecuentes y generar incentivos para la denuncia interna dentro de las corporaciones.
