19 DE ENERO DEL 2026 – NACIONAL. La Fiscalía General del Estado de Veracruz llevó a cabo la detención de tres ex altos funcionarios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), quienes son señalados por haber cometido supuestos actos de corrupción financiera durante el tiempo que estuvieron al frente de la institución. Entre los detenidos se encuentra Sergio “N”, quien ocupó el cargo de rector, así como Jesús “N”, ex director administrativo, y Frida “N”, quien se desempeñaba como jefa de servicios financieros. Las capturas se realizaron en operativos distintos en menos de 24 horas, lo que marca un precedente importante en la revisión de las cuentas de esta universidad estatal.
De acuerdo con los reportes obtenidos de manera extraoficial, el ex rector fue localizado y aprehendido en la ciudad de Xalapa por elementos ministeriales que cumplieron con una orden judicial. Casi al mismo tiempo, en el municipio de Medellín de Bravo, se logró la captura de Jesús “N”, quien fue trasladado de inmediato al penal de Pacho Viejo para iniciar su proceso legal ante un juez de control. Por último, la noche del sábado, se detuvo a Frida “N” en la colonia Coapexpan de la capital del estado, quedando también a disposición de las autoridades para definir su futuro jurídico en las próximas horas.
Contexto de las investigaciones y falta de transparencia
A pesar de la relevancia de estas detenciones, hasta este momento la Fiscalía de Veracruz no ha dado detalles técnicos sobre los delitos específicos ni los montos exactos de los desvíos de recursos públicos. No obstante, el operativo coincide con una serie de señalamientos previos que apuntaban a una administración desordenada y con poca claridad en el uso del dinero. La falta de un comunicado oficial ha generado mucha expectativa entre la comunidad universitaria y la sociedad en general, quienes esperan conocer pronto cómo es que se dieron estos presuntos movimientos de dinero irregulares dentro de la UPAV.
Es importante mencionar que la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ya había adelantado que la universidad entraría en una etapa de cambios profundos y nuevas reglas de operación. Según la mandataria, la institución arrastraba vicios del pasado relacionados con una notable falta de claridad en sus cuentas y una desorganización que impedía su correcto funcionamiento. Con estas nuevas medidas, se busca limpiar la imagen de la escuela y asegurar que el presupuesto destinado a la educación se utilice realmente para el beneficio de los estudiantes y no para fines personales.
Antecedentes de la universidad y sus fundadores
La UPAV fue fundada en el año 2011 bajo el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, quien actualmente cumple una condena en prisión por delitos de lavado de dinero. Aunque la idea original de la universidad era dar más oportunidades de estudio a los jóvenes veracruzanos, la realidad ha sido distinta debido a los constantes problemas de administración financiera. A lo largo de los años, la institución ha sido blanco de críticas por no pagar a tiempo a sus maestros y por dudas sobre la validez de los títulos que entrega, lo que ha afectado la confianza de muchos alumnos que buscan superarse.
Con estas detenciones, se espera que salgan a la luz más pruebas sobre cómo se manejaron los fondos durante las administraciones pasadas. La comunidad docente ha levantado la voz en repetidas ocasiones exigiendo que se aclaren los pagos pendientes, mientras que las autoridades actuales prometen una reestructuración total para que la UPAV cumpla con su verdadera función educativa. Por ahora, los tres ex funcionarios permanecen bajo custodia mientras se analizan las evidencias de los posibles delitos de administración fraudulenta que se les imputan en esta nueva investigación estatal.
El impacto académico del desorden administrativo
Los malos manejos financieros no solo afectan el dinero público, sino que han puesto en riesgo la acreditación de diversos programas educativos ante la Secretaría de Educación Pública (SEP). En años anteriores, la falta de pago de cuotas y derechos administrativos provocó que miles de egresados enfrentaran retrasos de hasta tres años en la entrega de sus títulos profesionales. La nueva administración busca regularizar este rezago administrativo mediante una auditoría externa que permitirá validar, de una vez por todas, la legalidad de los planes de estudio y dar certeza jurídica a los estudiantes actuales.
