La detención del presunto feminicida de Stephany Carmona, elemento de la Guardia Nacional, ha provocado una fuerte ola de indignación entre familiares, colectivos y sociedad civil. El presunto responsable fue identificado como el sargento Yahir “N”, quien actualmente se encuentra bajo custodia por delitos de deserción y desobediencia, los cuales no ameritan prisión preventiva, situación que genera temor de que pueda quedar en libertad en cualquier momento.Según confirmaron los familiares de Stephany, la detención ocurrió desde el pasado 18 de octubre en la comunidad de Llano Grande, Acapulco, Guerrero, pero la familia fue notificada hasta varios días después. Este retraso ha levantado sospechas sobre un posible intento de ocultar información clave del caso, lo que alimenta la preocupación por la transparencia del proceso y el riesgo de que el crimen quede impune.
Familia exige justicia por feminicidio de Stephany Carmona
La familia Carmona ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) que acelere la liberación de la orden de aprehensión por feminicidio, pues hasta el momento el caso se encuentra detenido en trámites administrativos. Mientras tanto, el acusado permanece detenido por faltas militares, pero no por el delito que realmente se le imputa.A través de redes sociales, los allegados a Stephany pidieron a la ciudadanía no bajar la guardia y mantener la presión pública. “Si no hay presión, el caso se enfría y los responsables se libran”, denunciaron. Colectivos feministas en Guerrero también anunciaron manifestaciones pacíficas frente a instalaciones de la Guardia Nacional para exigir justicia y el avance del proceso penal.
El contexto de violencia contra mujeres en Guerrero
El asesinato de Stephany Carmona se suma a la preocupante cifra de feminicidios en Guerrero, donde tan solo en lo que va del año se han registrado más de 40 casos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La mayoría de ellos, al igual que el de Stephany, permanecen sin sentencia firme.Expertas en violencia de género señalan que cuando los presuntos responsables pertenecen a instituciones armadas, los procesos suelen ser más lentos y difíciles debido a la protección institucional y al fuero militar. Esto refuerza el reclamo de familiares y activistas, quienes exigen que el caso no se quede estancado dentro del ámbito castrense, sino que sea tratado como lo que es: un feminicidio que debe juzgarse en el fuero civil.
Además, fuentes cercanas al caso revelaron que Stephany había denunciado previamente acoso laboral dentro de la corporación, y que incluso había solicitado su cambio de destacamento semanas antes de su desaparición. Estos antecedentes podrían convertirse en pruebas clave dentro de la investigación, al evidenciar un posible contexto de violencia previa que culminó en su asesinato.
La familia confía en que con la presión social y mediática, la FGR avance en la judicialización del caso, se libere la orden de aprehensión y el responsable enfrente la justicia por el delito de feminicidio. Mientras tanto, los colectivos feministas continúan con campañas digitales bajo el hashtag
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