27 DICIEMBRE 2025-NACIONAL- El desvío de recursos públicos volvió al centro del debate tras la detención de Jesús Alberto “N”, excolaborador de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. La captura se realizó este viernes como parte de una investigación federal que apunta a presuntas operaciones ilícitas vinculadas al manejo de dinero público en dependencias de seguridad.
La Fiscalía General de la República informó que la detención se logró tras trabajos de inteligencia y el cumplimiento de una orden de aprehensión. Al exfuncionario se le señala por su probable participación en delitos relacionados con desvío de recursos públicos, operaciones con dinero de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, cargos que ahora deberán ser analizados por un juez federal.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Jesús Alberto “N” habría simulado contratos de adquisición de servicios con el objetivo de sustraer recursos de un órgano administrativo federal. Estas acciones se habrían realizado entre 2013 y 2015, periodo en el que ocupó un cargo federal que le permitió firmar contratos relacionados con Centros Penitenciarios Federales.
Las investigaciones señalan que el dinero obtenido por este desvío de recursos públicos fue canalizado a empresas que presuntamente estaban bajo el control de Genaro García Luna. Este esquema habría permitido mover grandes cantidades de dinero del erario mediante operaciones aparentemente legales, pero sin respaldo real de servicios prestados.
Jesús Alberto “N” fue detenido en Cuernavaca, Morelos, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR. Tras leerle sus derechos, fue trasladado para una certificación médica y posteriormente puesto a disposición de una autoridad judicial en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México.
El Ministerio Público Federal solicitará una audiencia inicial para formular imputación formal. Mientras tanto, las autoridades recordaron que el detenido se presume inocente hasta que se determine su responsabilidad. El caso se suma a otros procesos abiertos por desvío de recursos públicos relacionados con contratos del sistema penitenciario federal.
