29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. Un entramado de corrupción y tráfico de combustibles que involucra a firmas estadounidenses, funcionarios mexicanos y crimen organizado ha sido revelado por autoridades federales de ambos países. Empresas como Arroyo Terminals, Big Hog Energy, y Jentran forman parte de un conglomerado que, según fuentes del gobierno de Estados Unidos, participa activamente en un esquema de huachicol fiscal que ha generado desfalcos multimillonarios. Esta red no solo se dedicaba al robo de crudo en México, sino que también cerraba el ciclo de corrupción al refinar el hidrocarburo robado en territorio estadounidense y reingresarlo a México para su venta como gasolina legal, evadiendo así el pago de impuestos. La magnitud del fraude subraya una sofisticada operación transnacional.
El «Lavado» de Crudo Robado: Un Esquema Binacional
La mecánica de esta operación criminal es tan simple en su concepto como compleja en su ejecución. El crudo robado en México, a menudo con la protección de organizaciones criminales, era transportado a través de puertos fronterizos, principalmente entre Tamaulipas y Texas. Al llegar a Estados Unidos, firmas como Arroyo Terminals, con sede en Río Hondo, Texas, jugaban un papel crucial en la recepción y almacenamiento de este huachicol fiscal. Posteriormente, este hidrocarburo ilegal era despachado a otras compañías estadounidenses que se encargaban de refinarlo, transformando el crudo robado en combustible listo para la venta. Este proceso le otorgaba una apariencia de legalidad al producto, blanqueando su origen ilícito.
Según la fiscalía estadounidense, la cabeza de Arroyo Terminals, James Jensen, es un ejemplo clave de los operadores que facilitaban el tráfico y blanqueo de este huachicol fiscal en Estados Unidos. Aunque Jensen no negociaba directamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones que brindaba protección en México, lo hacía a través de empresas intermediarias mexicanas. Estas intermediarias se encargaban de extraer el crudo del territorio nacional, asegurando que el producto llegara a la terminal de Arroyo. Desde mayo de 2022 hasta principios de 2025, solo las firmas ligadas a los Jensen recibieron miles de cargamentos, acumulando ganancias propias que superan los 300 millones de dólares, de los cuales una parte significativa era enviada a sus socios criminales en México.
El combustible ya refinado regresaba a México, ingresando principalmente por la aduana de Tampico, Tamaulipas. Este retorno se lograba gracias a la colusión de funcionarios federales y aduaneros mexicanos, quienes ocultaban los cargamentos bajo etiquetas falsas, permitiendo su distribución y venta en gasolineras del país como producto legal. Este es el punto final del ciclo de huachicol fiscal, donde el combustible robado y «lavado» inunda el mercado, evadiendo impuestos y distorsionando la economía. La Fiscalía General de la República (FGR) ha identificado una compleja red de servidores públicos, civiles y empresas que han permitido esta prolífica operación durante el sexenio de 2018 a 2024.
Vínculo con el Crimen Organizado Transnacional
La Administración para el Control de Drogas (DEA) ha calificado este esquema como el «nuevo método de financiamiento» de organizaciones criminales transnacionales como el CJNG. Esta investigación, denominada «Operativo Muerte Líquida», ha descubierto que estos grupos están robando crudo de Pemex (Petróleos Mexicanos) y traficándolo hacia Estados Unidos para su venta, constituyendo un sofisticado esquema de lavado de dinero a partir del comercio de hidrocarburos. Además del CJNG, la red de huachicol fiscal ha trabajado con personas vinculadas a Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, demostrando que este robo de combustible es un negocio que abarca a las principales organizaciones delictivas de México.
