Danella Gallegos, de 38 años, entró en coma en 2022 tras una emergencia médica en el Hospital Presbiteriano de Albuquerque, Nuevo México. Durante cuatro años su condición no mostró mejoría y los médicos consideraron que la recuperación era «casi improbable». Entonces, la familia tomó la difícil decisión de desconectarla y autorizar la donación de órganos, gestionada por los Servicios de Donantes de Nuevo México.
Días antes del procedimiento, los allegados notaron lágrimas en sus ojos, que los especialistas atribuyeron a simples “reflejos oculares”. Finalmente, durante la cirugía, Danella se movió y un médico le pidió que parpadeara. Al hacerlo, la operación fue detenida inmediatamente.
Según el New York Times, algunos coordinadores presionaron para continuar con la extracción incluso sugiriendo inyectar morfina para reducir sus movimientos. Afortunadamente, el equipo del hospital se negó, evitando lo que podría haber sido una extracción equivocada. Tras este giro inesperado, Danella inició un proceso de recuperación y hoy está fuera de peligro, en rehabilitación, y profundamente agradecida: “Me siento muy afortunada… lo que me aterra es pensar lo cerca que estuve de no despertar jamás”.
Este caso forma parte de una investigación periodística que cuestiona si en algunos procesos de donación de órganos se prioriza la disponibilidad sobre la seguridad y el bienestar del donante.
Este episodio pone al descubierto la necesidad urgente de revisar los protocolos para declarar muerte cerebral y proceder con donaciones. Se han documentado otros sucesos similares, como el caso de Thomas “TJ” Hoover II en Kentucky, que despertó en el trayecto al quirófano, o Misty Hawkins en Alabama, cuyo corazón seguía latiendo durante la extracción. Ambos casos también fueron detenidos a tiempo.
Es esencial que en entornos médicos se priorice la confirmación exhaustiva del estado del paciente, incluyendo signos mínimos de vida. Asimismo, se deben fortalecer los estándares éticos que regulan las prácticas de donación, garantizando transparencia y una supervisión independiente. Este suceso podría servir como punto de partida para impulsar reformas en la normativa estadounidense sobre donación de órganos y protección del paciente.
El caso de Danella Gallegos no solo es un milagro médico, sino una señal de alerta: los sistemas de salud deben garantizar que ningún procedimiento avance sin certeza absoluta de muerte cerebral. La presión institucional no puede sobrepasar el principio ético del respeto irrestricto a la vida humana. Desde ahora, hospitales y entidades donadoras deben trabajar juntos para fortalecer la vigilancia clínica, capacitar al personal en protocolos éticos y emocionales, y proteger al donante en todo momento.
