Vecinos de un edificio en el Centro Histórico de la Ciudad de México denunciaron graves violaciones a sus derechos humanos tras ser desalojados de forma violenta. El operativo, que tuvo lugar la madrugada del 27 de agosto en la calle República de Cuba 11, dejó a 19 familias y varios negocios sin hogar ni pertenencias. Los afectados, muchos de ellos adultos mayores, acusaron a las autoridades de omisión y criminalización, además de señalar que el desalojo fue un acto más de la gentrificación que afecta a la zona. Según testimonios de los residentes, la policía irrumpió en el inmueble sin previo aviso, rompiendo puertas y candados.
Manuel Gómez Tello, uno de los vecinos desalojados, expresó su indignación en una conferencia de prensa, afirmando que fueron despojados de sus viviendas. La denuncia se extiende a la pérdida de objetos personales, mercancía y dinero en efectivo, que según los afectados, fueron dañados o robados durante el operativo. Este trágico evento ya ha cobrado una vida; Adrián Montoya, dueño de un negocio de impresoras, falleció de un paro cardíaco al ver sus equipos destrozados en la calle. Su hijo, Julio Montoya, lamentó la situación y el impacto emocional que le causó a su padre.
Acusaciones de robo y violencia policial
Los vecinos desmentieron la versión oficial del gobierno sobre el número de agentes involucrados en el desalojo. Afirmaron que el operativo incluyó a más de 100 agentes policiales, quienes además estaban acompañados por lo que ellos describieron como «más de 150 delincuentes» (lanzadores) que se dedicaron a saquear sus pertenencias. Los residentes tienen pruebas de estas acusaciones y planean hacerlas públicas en los próximos días. La violencia del operativo dejó a varios vecinos con problemas de salud; Arturo Velázquez, de 65 años, denunció que fue empujado por las escaleras y perdió un diente, mientras que otros han visto agravadas sus condiciones como la diabetes al permanecer a la intemperie.
El abogado de los afectados, Arturo Aparicio, afirmó que el desalojo fue ilegal y violó el derecho a la vivienda y al debido proceso de los inquilinos. Explicó que, aunque el inmueble fue reclamado en un juicio entre particulares, los residentes estaban en conversaciones con el Gobierno de la Ciudad de México para adquirir la propiedad. Además, el abogado denunció una campaña de criminalización en redes sociales y medios de comunicación que acusan a los vecinos de ser “paracaidistas” u “ocupas” a pesar de que siempre han pagado su renta.
Negociaciones «congeladas» y apoyos condicionados
En respuesta al desalojo, los vecinos cerraron una avenida para llamar la atención del gobierno y lograron establecer un diálogo. Entregaron un pliego petitorio con 10 puntos clave, entre los que destacan el regreso inmediato de las familias a sus hogares y un acompañamiento jurídico para denunciar las violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, el abogado Aparicio denunció que las reuniones con el Gobierno de la Ciudad de México se encuentran “congeladas”. Los vecinos también acusaron que algunos apoyos económicos que han recibido están condicionados a que dejen de aceptar la ayuda de activistas y organizaciones, como el Fondo por la Vivienda Joven.
El caso de República de Cuba 11 se ha convertido en un símbolo de la problemática de la gentrificación en el Centro Histórico. Los residentes, que han vivido en el inmueble por décadas, se ven enfrentados a un proceso que los despoja de sus viviendas para dar paso a nuevos proyectos inmobiliarios. La falta de un proceso claro y respetuoso con sus derechos ha generado una crisis humanitaria y social que exige la intervención de las autoridades para garantizar la justicia y la protección de los derechos de los habitantes más vulnerables de la capital.
El marco legal y las garantías del derecho a la vivienda en CDMX
