18 JULIO 2025- INTERNACIONAL- La principal organización de defensa de derechos humanos en El Salvador, Cristosal, anunció la suspensión de sus operaciones en el país tras 25 años de trabajo. La decisión se da en medio de un clima de hostigamiento y criminalización hacia las voces críticas del gobierno de Nayib Bukele. Esta salida forzada representa un hecho sin precedentes que refleja el deterioro institucional y democrático en el país centroamericano.
Cristosal denunció que la detención de su directora de anticorrupción, Ruth López, fue parte de una estrategia de intimidación para silenciar a quienes denuncian irregularidades del gobierno. López fue arrestada en mayo por cargos de corrupción, aunque organismos internacionales y analistas han cuestionado el proceso legal. Desde entonces, la organización ha sufrido acoso, vigilancia, campañas de difamación y un entorno legal cada vez más restrictivo.
Uno de los puntos que precipitó la decisión fue la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), que impone un 30% de impuesto a organizaciones que reciben fondos internacionales y prohíbe que se involucren en actividades políticas. Esta ley, impulsada por el Ejecutivo, ha sido ampliamente criticada por limitar la labor de la sociedad civil y condicionar el financiamiento internacional de proyectos humanitarios y de vigilancia de los derechos humanos.
El presidente Bukele, durante su último discurso a la nación, rechazó las críticas y afirmó que prefiere ser llamado dictador a permitir el regreso de la violencia a las calles. Sin embargo, mientras los índices de homicidio han bajado significativamente bajo su mandato, El Salvador se ha convertido en uno de los países con mayor tasa de encarcelamiento del mundo, según datos oficiales y de organismos internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han manifestado preocupación por la represión en El Salvador. Más de 40 periodistas y decenas de defensores de derechos humanos han salido del país. La criminalización de la crítica y la desaparición de espacios democráticos configuran un contexto donde opinar puede, literalmente, costar la libertad.
Lo que refuerza la gravedad del panorama es que Cristosal no solo ha abandonado el país, sino que ha tenido que reubicar sus operaciones en Guatemala y Honduras, desde donde continuará su trabajo con víctimas de violaciones de derechos humanos en El Salvador. Esto no solo plantea un desafío logístico, sino también evidencia cómo el autoritarismo traspasa fronteras al provocar un «efecto dominó» en la región. Además, el cierre de espacios de veeduría independiente dentro del país deja un vacío peligroso, especialmente bajo un régimen de excepción prolongado.
