
La activista climática sueca Greta Thunberg y otros 170 activistas de la Flotilla Global Sumud han sido deportados por Israel tras pasar cinco días detenidos. La Flotilla, compuesta por más de 40 embarcaciones civiles, intentó romper el asedio marítimo de Gaza para entregar ayuda humanitaria, pero fue interceptada en aguas internacionales. Los activistas, provenientes de casi 20 países, incluidos Italia, España, Francia y Estados Unidos, fueron enviados a Grecia y Eslovaquia.
Malos Tratos y la «Vergüenza» de la Flotilla
A su llegada a Atenas, Greta Thunberg denunció públicamente que la misión de la Flotilla tuvo que existir debido a la inacción de los gobiernos. «Es una vergüenza que esta misión tenga que existir», sentenció la activista. Además de lamentar la necesidad del viaje, Thunberg y otros deportados denunciaron haber sufrido malos tratos y abusos durante su cautiverio en Israel. La activista relató a funcionarios suecos haber estado confinada en una celda infestada de chinches y haber recibido poca agua y comida.

La organización árabe israelí Adalah, dedicada a la ayuda legal, respaldó las denuncias de los activistas. Muchos señalaron que se les negó agua y comida, mientras que otros sufrieron vejaciones por parte de las fuerzas del orden israelíes. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel descalificó la Flotilla como una «maniobra publicitaria» y negó las acusaciones de maltrato, asegurando que se respetaron los derechos legales de todos los detenidos.
La Flotilla como Acto de Solidaridad Global
Thunberg destacó que la Flotilla fue «el mayor intento jamás realizado para romper el asedio ilegal e inhumano de Israel por mar». Ella calificó la acción como una «historia de solidaridad global e internacional», enfatizando que fueron personas comunes quienes «dieron un paso al frente cuando nuestros gobiernos no lo hicieron». Para los activistas, su participación fue un acto de desobediencia civil ante líderes que, según ellos, «siguen fomentando el genocidio, la muerte y la destrucción».
La deportación de los activistas se ha llevado a cabo por etapas: primero a cuatro diputados italianos, luego a 137 personas a Turquía, después a 29 a España y, finalmente, a los 171 restantes a Grecia y Eslovaquia. El hecho de que la intercepción se produjera a unos 130 kilómetros de la costa de Gaza, en aguas internacionales, es un punto de controversia que alimenta el debate legal y ético sobre la acción israelí.
