13 de Agosto 2025.- Un caso judicial en Luisiana ha encendido el debate sobre las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Un niño de cuatro años, identificado como “Romeo” y ciudadano estadounidense, fue deportado a Honduras junto a su madre y su hermana, pese a padecer cáncer de riñón en etapa IV. La demanda, presentada el 31 de julio en el Distrito Medio de Luisiana, acusa a ICE de no garantizar la continuidad del tratamiento médico ni el acceso a asesoría legal antes de ejecutar la expulsión en abril de 2025.
Los documentos judiciales señalan que tanto Romeo como su hermana “Ruby”, de siete años —ambos nacidos en Luisiana—, fueron expulsados sin recibir explicaciones claras ni opciones para permanecer en el país bajo custodia de familiares. El caso ha generado indignación entre defensores de derechos humanos, quienes subrayan que las decisiones migratorias no pueden ignorar la condición médica de un menor ni sus derechos constitucionales.
Denuncian omisión de cuidados médicos y derechos legales
La madre, identificada como “Rosario”, asegura que ICE no le permitió comunicarse con su abogado ni con familiares antes de ser deportada. Según la demanda, los tres fueron mantenidos incomunicados durante horas en una furgoneta y luego en un hotel, antes de ser enviados a Honduras. La expulsión, recalcan sus abogados, interrumpió el tratamiento oncológico que Romeo recibía desde los dos años en un hospital pediátrico de Nueva Orleans.
La demanda también advierte que este no es un caso aislado. El mismo día, otra madre hondureña, “Julia”, fue deportada con sus hijas —una de ellas ciudadana estadounidense de dos años— bajo condiciones similares. En ambos casos, ICE no habría ofrecido alternativas para que los menores permanecieran en Estados Unidos, lo que podría configurar un patrón de actuación que vulnera derechos reconocidos por la ley.
Postura oficial de ICE y contradicciones
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, negó rotundamente las acusaciones y aseguró que ICE ofreció a las madres la opción de dejar a sus hijos con familiares. Sostuvo que “afirmar que ICE niega atención médica a un niño es rotundamente falso” y que el servicio garantiza tratamiento en el país de destino. Sin embargo, los abogados de la familia argumentan que las condiciones sanitarias en Honduras no permiten el seguimiento adecuado para una enfermedad oncológica compleja.
Esta contradicción entre la versión oficial y el relato de los afectados será clave en el proceso judicial. Analistas legales señalan que, de comprobarse negligencia, el caso podría sentar un precedente para el trato de menores ciudadanos en procedimientos de deportación, obligando a ICE a revisar protocolos y reforzar mecanismos de supervisión.
Más allá del caso puntual, expertos en derecho migratorio advierten que la deportación de menores ciudadanos estadounidenses plantea serias dudas sobre el alcance de sus protecciones constitucionales. Aunque la ley reconoce su derecho a residir en el país, en la práctica, si dependen de padres indocumentados, pueden verse forzados a salir. Organizaciones como el American Immigration Council y la ACLU han documentado que estas situaciones no son aisladas, y que los procedimientos de ICE carecen de transparencia en decisiones que afectan la vida de menores vulnerables. Esto reabre un debate político sobre si se requieren reformas legales para impedir que los niños ciudadanos sean afectados por la situación migratoria de sus padres.
El caso también evidencia una brecha entre la legislación migratoria y las políticas de salud pública. Médicos consultados por medios estadounidenses recuerdan que la continuidad de un tratamiento oncológico infantil no solo es vital para la supervivencia, sino que cualquier interrupción puede reducir drásticamente las probabilidades de recuperación. Esta perspectiva añade un elemento ético al debate: ¿puede una política migratoria priorizar el procedimiento administrativo sobre la vida de un niño enfermo?
