Las nuevas condiciones impuestas por la ciudad de Denver para brindar ayuda de alojamiento y alimentación a los solicitantes de asilo recién llegados a la capital de Colorado resultan tan difíciles de lograr que sólo 11 migrantes de los cientos de potenciales beneficiados han recibido la ayuda, denunciaron dirigentes locales.
El alcalde de Denver, Mike Johnston, anunció el pasado 10 de abril el Programa de Denver de Ayuda a Solicitantes de Asilo (DASP) destinado a unos mil solicitantes. De ellos, 200 ya fueron rechazados.
DASP fue creado para reducir el alto costo de ayudar a nuevos inmigrantes. Por eso, desde ahora, Denver ya no ofrecerá alojamiento y comidas gratis a los recién llegados sino que se enfocará en aquellos que califiquen para el asilo y cumplan con exigentes requisitos.
La ayuda sólo se otorgará a personas que tuviesen sus documentos de identidad en orden, que ya hubiesen recibido un permiso de trabajo de las autoridades inmigratorias correspondientes, y que presenten un contrato debidamente firmado de alquiler de la vivienda en donde se irían a alojar.
Esas personas recibirán entonces los mismos servicios que Denver (de manera directa o por medio de contratos con organizaciones caritativas) ofrece a todos los potenciales asilados, incluyendo ayuda para pagar el alquiler, cajas de comida, y capacitación durante seis meses para adaptarse a la cultura y al contexto laboral de Colorado.
La ayuda para la renta y de alimentos quedó a cargo del grupo ViVe Wellness (un contrato de casi 1,4 millones de dólares). Y para la capacitación cultural y laboral se contrató al Centro Humanitario para los Trabajadores (2,2 millones de dólares).
La Red de Acción de Denver para Acceso a Viviendas (HAND), enfocado en ayudar a los recién llegados, expresó que “los requisitos (de DASP) son imposibles e impiden que la mayoría de las personas califiquen para ese programa, afectando especialmente a quienes más ayuda necesitan”.
Por ejemplo, uno de los requisitos es que los interesados cuenten con un número de teléfono único (no compartido con otros) a donde se los pueda llamar y que pueda tanto hacer como recibir llamadas por parte de los trabajadores sociales a cargo de sus casos. Sin embargo, según HAND, muchos de los migrantes, en especial los venezolanos, recién llegados no tienen teléfonos compatibles con ese requisito.
A la vez, quienes busquen ayuda por medio de DASP deben presentar una “carta de desalojo”, básicamente, un documento provisto por el albergue municipal donde se alojaban indicando qué día deben dejar ese lugar o qué día lo dejaron. Pero como esos albergues, con la excepción de uno, ya están cerrados, esas “cartas” ya no se emiten.
Incluso el único albergue abierto (que aloja a unas 800 personas, según el Programa de Recién Llegados del Departamento de Servicios Humanos de Denver, DDHS) tampoco entrega esas “cartas” porque los allí alojados saben de antemano que tienen un plazo máximo de tres días para encontrar otro lugar.
“Si estos interesados ya cumpliesen con todos los requisitos (permiso de trabajo, empleo, contrato de alquiler), ¿por qué necesitarían ayuda para conseguir lo que ya tienen?”, expresa HAND en su comunicado.
Pero, según Sarah Plastino, del DDHS, las medidas son necesarias “para evitar el influjo de nuevos inmigrantes”. Durante la última semana llegaron 22 buses con inmigrantes desde Texas, comparado con 25 buses durante todo marzo pasado.
Con información de EFE
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