La investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina denunció que el Gobierno que preside Daniel Ortega ordenó congelar la cuenta bancaria que la Conferencia Episcopal de Nicaragua administraba para los sacerdotes retirados.
“El Fondo Nacional del Seguro Sacerdotal es una institución que se creó hace más de 20 años por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, pensando en un fondo de retiro para sacerdotes. No es propiamente un seguro porque no cubre temas de salud, ni otros temas de Seguridad Social. Está pensado como un fondo de retiro”, explicó Molina, en una declaración.
La investigadora, que es autora del estudio titulado “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida” y que da seguimiento a la situación de los sacerdotes en el país centroamericano, indicó que ese fondo de retiro se alimenta con aportes de 150 dólares anuales de los sacerdotes activos, parroquias e instituciones eclesiásticas, además de lo recaudado en una colecta que se realiza en las distintas iglesias del país cada Miércoles de Ceniza.
Molina afirmó que recibió reportes de sacerdotes retirados que quisieron hacer uso del fondo y fueron notificados que ese dinero se encontraba bloqueado.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua aún no se pronuncia oficialmente sobre esa situación.
La investigadora dijo que de ese fondo se destina una pensión de 300 dólares mensuales para los sacerdotes de 75 años o más, y de 150 dólares para los sacerdotes que tengan o superen los 65 años.
“Este fondo ha funcionado desde hace más de 20 años sin ninguna complicación. Entre las últimas medidas nefastas de la dictadura en contra de las cuentas de la Iglesia católica han inhabilitado este fondo, de tal manera que los sacerdotes mayores no están pudiendo cobrar sus pensiones”, denunció.
“Esto es una de las condiciones más dramáticas de la actual situación”, añadió.
La Iglesia católica nicaragüense no ha ofrecido datos sobre la cantidad de sacerdotes retirados en el país.
A finales de mayo pasado, el Gobierno de Nicaragua ordenó congelar las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia católica nicaragüense, tras acusarlas de “lavar dinero”.
Entonces, la Policía de Nicaragua también ordenó al cardenal Leopoldo Brenes presentar documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis que han intervenido.
Las diócesis con sus cuentas bancarias restringidas son las de Managua, que preside el cardenal Brenes, y las de Matagalpa y Estelí, a cargo del obispo encarcelado Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados “traición a la patria”.
La Policía detuvo al sacerdote Jaime Montesinos, párroco de la diócesis que dirige el obispo Álvarez, a quien investiga por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación.
También investiga a otros dos sacerdotes por “asuntos administrativos” de la disuelta Cáritas Diocesana de Estelí, norte de Nicaragua, que también administra Álvarez.
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven ahora momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
El papa Francisco tildó de “dictadura grosera” al Gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando “un desequilibrio de la persona que dirige” el país centroamericano.
Con información de EFE
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