28 de Enero del 2026.- El Congreso Nacional Indígena (CNI) emitió un fuerte pronunciamiento para visibilizar que, tras doce años de conflictos, la persecución contra asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón no ha cesado. De acuerdo con la organización, este hostigamiento comenzó formalmente en 2011, cuando los habitantes decidieron organizarse para proteger el Río Xangá Ndá Ge de la explotación de materiales pétreos. Esta defensa del territorio afectó los intereses de caciques locales encabezados por Manuel Zepeda Cortés, quienes, bajo el amparo de distintos gobiernos estatales, iniciaron una campaña de criminalización contra los líderes indígenas.
La situación alcanzó un punto crítico en el año 2014, cuando un ataque armado irrumpió en una reunión donde se renovaba al alcalde tradicional, figura encargada de regular el uso de la tierra. Este evento violento dejó a diez ciudadanos heridos de bala y derivó en la confusa muerte de Manuel Zepeda Lagunas, hijo del cacique local. A raíz de este fallecimiento, que según el CNI no ha sido aclarado con transparencia, se desató una persecución contra asamblea comunitaria que alcanzó a 50 personas, quienes fueron acusadas de delitos fabricados para desarticular la organización del pueblo.
Impacto de la represión y fabricación de delitos
Durante más de una década, los integrantes de esta comunidad han enfrentado graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo tortura, detenciones arbitrarias y desplazamiento forzado. El CNI señala que la persecución contra asamblea comunitaria ha utilizado al sistema judicial como un instrumento de castigo, manteniendo procesos abiertos a pesar de que se ha demostrado la inocencia de muchos implicados. Las mujeres de la localidad han sido piezas fundamentales en esta lucha, enfrentándose a jueces y ministerios públicos que, según denuncian, actúan bajo el velo protector del estado para favorecer a figuras políticas actuales.
Pese a que en junio de 2024 se lograron las últimas liberaciones tras nueve años de prisión preventiva, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca ha sido señalado por realizar revocaciones ilegales de libertades ya ganadas. Esta persecución contra asamblea comunitaria mantiene en el exilio a defensores como Miguel Ángel Peralta Betanzos, quien enfrenta una sentencia de 50 años de prisión considerada injusta por organismos de derechos humanos. Actualmente, se espera la resolución de un último recurso legal que podría definir el futuro de su libertad y el de su comunidad.
Demandas de justicia y retorno de familias desplazadas
El pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena exige de manera inmediata la libertad absolutoria para los perseguidos políticos y el amparo necesario para que 14 familias desplazadas puedan volver a sus hogares. La persecución contra asamblea comunitaria ha mantenido a hombres como Ranulfo Vidauria y Jacob Betanzos lejos de sus tierras por más de diez años, rompiendo el tejido social de Eloxochitlán. La demanda es clara: justicia para quienes han sido criminalizados por defender el patrimonio natural y la autonomía de su sistema de asambleas.
