
29 de Enero del 2026.- La construcción del centro de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en Ciudad Juárez, mejor conocido como Torre Centinela, se encuentra en el ojo del huracán tras más de tres años de haber iniciado. Aunque el gobierno de María Eugenia Campos Galván prometió que la obra estaría lista para febrero de 2024, el edificio de 20 pisos sigue sin terminarse, lo que ha generado fuertes críticas por parte de la ciudadanía y diversos actores políticos que exigen cuentas claras sobre el destino de los recursos públicos.
Este ambicioso proyecto tecnológico fue diseñado para albergar la sede de la Plataforma Centinela y un centro de comando C6 de última generación. El objetivo principal de la obra de la Torre Centinela es controlar miles de cámaras de vigilancia, drones, lectores de placas y sistemas biométricos distribuidos en 13 regiones de Chihuahua. Sin embargo, la falta de una fecha de entrega definitiva pone en duda la efectividad inmediata de este despliegue de seguridad que costó miles de millones de pesos.
Auditoría detecta irregularidades financieras y pagos indebidos
Héctor Acosta Félix, auditor superior del estado, presentó recientemente los resultados de las revisiones realizadas al proyecto de la Torre Centinela, donde se detectaron hallazgos preocupantes. Entre las anomalías destacan pagos realizados por bienes y servicios que nunca fueron recibidos, así como modificaciones al plan original que no cuentan con el sustento jurídico necesario. Estas fallas administrativas han derivado en denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción del estado para deslindar responsabilidades.
El contrato de este servicio es de carácter plurianual y representa una inversión total de 4 mil 709 millones de pesos, una cifra que ha sido cuestionada debido a los pocos avances visibles. Las auditorías de los últimos dos años confirmaron que la edificación de la Torre Centinela presenta demoras significativas, lo que ha llevado a la determinación de penas convencionales que suman 98.4 millones de pesos contra los responsables, mientras se intenta conciliar la situación entre el proveedor y el gobierno.






