Cancún Q.Roo 13 enero 2025.-En Tulum, Quintana Roo, se ha destapado un grave caso de corrupción inmobiliaria que ha generado preocupación tanto por el impacto ambiental como por la seguridad de las construcciones. La abogada Antonella Vázquez Caveson, representante de la Asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, expuso una serie de irregularidades en un desarrollo habitacional conocido como “Damar”, promovido por la firma The Partner Group. Según la abogada, el proyecto carece de los permisos fundamentales establecidos por la ley, como la manifestación de impacto ambiental, la constancia de compatibilidad territorial y una licencia de construcción válida.
Las irregularidades no solo violan normas ambientales y urbanísticas, sino que representan un peligro para la seguridad de los futuros residentes y trabajadores de la obra. Vázquez Caveson señaló que las estructuras del edificio presentan deformaciones como pandeos y problemas de verticalidad, a pesar de que la obra aún no está terminada. “¿Cómo es posible que un departamento valuado en 800 mil dólares tenga este tipo de fallas?”, cuestionó la abogada, quien también destacó que el municipio de Tulum no ha entregado los planos del proyecto, a pesar de las órdenes judiciales.
Ante la negligencia de las autoridades municipales, estatales y federales, la Asociación ha tomado medidas legales para frenar el proyecto. Uno de los logros más recientes es la anotación preventiva en el Registro Público de la Propiedad, otorgada por una juez, que alerta a potenciales compradores sobre las irregularidades legales y ambientales del desarrollo. Además, el caso incluye una resolución de la PROFEPA que ordena restaurar el ecosistema costero afectado, aunque hasta ahora no se ha ejecutado.
Vázquez Caveson concluyó que este caso ejemplifica la falta de vigilancia y la complacencia de las autoridades ante desarrollos irregulares en Tulum, una problemática que agrava la crisis ambiental y urbana de la región. La audiencia constitucional para definir el futuro del proyecto está programada para el 26 de febrero, una fecha clave para determinar si la ley será aplicada con rigor o si prevalecerá la impunidad.
