30 DE ENERO DEL 2026 – NACIONAL. El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa lanzó una alerta pública sobre la situación que viven siete familias en los municipios de Arriaga y Pijijiapan. Según la denuncia, las autoridades de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec y la Secretaría de Comunicaciones han iniciado procesos legales para quitarles sus tierras. Esta acusación penal por el Corredor Interoceánico busca que los habitantes entreguen el derecho de vía ferroviaria de manera inmediata. Los afectados se encuentran en una posición de gran vulnerabilidad, especialmente las mujeres que encabezan estos hogares chiapanecos.
La denuncia formal fue presentada ante la Fiscalía General de la República bajo el cargo de invasión de bienes nacionales. Para el organismo defensor, este proceso es una clara criminalización de la pobreza en el Corredor Interoceánico, ya que se utiliza el sistema de justicia para presionar a quienes menos tienen. El Centro Digna Ochoa afirma que usar el derecho penal para resolver problemas de vivienda o administración es una medida exagerada que rompe con los principios básicos de la justicia social y el Estado de Derecho en México.
Violaciones a los derechos humanos y falta de consulta
El organismo, que tiene sus oficinas en Tonalá, advirtió que estos actos podrían ser parte de una estrategia para desplazar a las familias sin ofrecerles opciones dignas. Los activistas señalan que el despojo territorial por el Corredor Interoceánico ignora por completo las leyes internacionales y la propia Constitución Mexicana. La ley establece que cualquier desalojo debe contar con garantías procesales, alternativas de reubicación y una reparación del daño adecuada, elementos que, según la denuncia, no se están cumpliendo en este caso particular.
Además, se resaltó que estas familias nunca fueron consultadas de manera libre e informada sobre el megaproyecto federal que atraviesa sus comunidades. El conflicto social en el Corredor Interoceánico refleja una falta de diálogo por parte del gobierno, lo que pone en riesgo la unidad de los pueblos y sus medios de vida tradicionales. Las comunidades han manifestado su temor ante el desplazamiento forzado y la ruptura de sus lazos sociales debido a la llegada de las máquinas y las demandas legales que enfrentan.
Exigencias para detener la persecución legal
Ante este panorama, se ha exigido de manera urgente que se detenga la persecución penal contra los habitantes de Arriaga y Pijijiapan. La organización pide que la FGR revise y desestime las denuncias, entendiendo que el litigio por el derecho de vía del Corredor Interoceánico es un asunto administrativo y social, no un crimen. Se requiere que se respete la presunción de inocencia de las personas señaladas y que se garantice su integridad física ante cualquier intento de desalojo por la fuerza o actos de intimidación.
Finalmente, se hizo un llamado para abrir mesas de diálogo donde participen las familias afectadas y las autoridades competentes. La meta es encontrar soluciones que privilegien la justicia social antes de aplicar cualquier medida coercitiva. El cese de la intimidación por el Corredor Interoceánico es fundamental para que el proyecto pueda avanzar sin pisotear los derechos de los ciudadanos locales, implementando políticas que reparen el daño causado y aseguren que estos actos de hostigamiento no se repitan en el futuro.
El «Derecho de Vía» y la Ley Reglamentaria Ferroviaria
