
21 DE DICIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. Una fuerte controversia ha estallado en la planta de General Motors ubicada en San Luis Potosí, donde miles de empleados reportaron irregularidades en sus pagos. Los afectados señalan que se realizó una afiliación sindical no consentida masiva, afectando directamente sus ingresos semanales sin previo aviso. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y molestia entre la base trabajadora, quienes exigen una explicación clara por parte de la directiva y de los representantes gremiales involucrados.
Al revisar sus recibos de nómina esta semana, los operarios descubrieron un descuento correspondiente al 1.5% de su salario diario tabulado. El problema principal es que este cobro se aplicó a personas que jamás firmaron un registro, lo que califican como una afiliación sindical no consentida por parte del sindicato Carlos Leone. Los trabajadores aseguran que nunca dieron su autorización para que se les descontara dicha cuota, la cual debería ser exclusiva para los miembros activos y debidamente registrados en la organización.
Impacto en los derechos laborales y el T-MEC
Se estima que cerca de 3,500 empleados, lo que representa aproximadamente la mitad de la plantilla total de la fábrica, están pasando por esta afiliación sindical no consentida. Los denunciantes sostienen que esta acción representa una violación directa a su derecho de libertad de asociación, ya que la ley mexicana protege la decisión individual de pertenecer o no a un organismo obrero. Además, existe una gran preocupación sobre cómo el sindicato obtuvo la información necesaria para realizar estos movimientos administrativos sin el aval de los empleados.
Expertos en materia laboral sugieren que este caso de afiliación sindical no consentida podría escalar a niveles internacionales. Debido a la naturaleza de los acuerdos comerciales vigentes, se menciona la posibilidad de activar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC. Esta herramienta está diseñada precisamente para intervenir cuando se vulneran los derechos de libre asociación y negociación colectiva, lo que pondría a la planta de San Luis Potosí bajo la lupa de los inspectores de Estados Unidos y Canadá.
Antecedentes y uso de datos personales
No es la primera vez que el sindicato Carlos Leone enfrenta señalamientos de este tipo en la región. Durante el proceso para obtener la constancia de representación, ya existían quejas sobre una presunta afiliación sindical no consentida mediante el uso indebido de bases de datos privadas. En aquel momento, se acusó a la organización de utilizar información personal de los trabajadores para simular el respaldo necesario en las firmas de apoyo, un antecedente que hoy cobra mayor relevancia ante los nuevos descuentos salariales.






