4 DE DICIEMBRE DEL 2025 – INTERNACIONAL. La familia de Alejandro Carranza, un ciudadano colombiano cuya presunta muerte ocurrió durante un ataque estadounidense contra una embarcación en el Caribe, ha presentado una denuncia formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. Según el documento, militares de Estados Unidos bombardearon el bote de Carranza el 15 de septiembre de 2025, mientras zarpaba de la costa de Colombia, resultando en la muerte del hombre. Esta denuncia es la primera en llevar a un foro internacional el caso de una de las presuntas víctimas de la controvertida campaña militar ordenada por la administración de Donald Trump en la lucha contra el narcotráfico. El caso ha sido confirmado por el abogado y activista Daniel Kovalik, quien representa a la familia y al presidente colombiano, Gustavo Petro, un fuerte crítico de las acciones militares de EE. UU.
Ataque Estadounidense y la Campaña Militar de Trump
ShutterstockEl ataque estadounidense donde presuntamente murió Carranza forma parte de una ofensiva militar más amplia en el Caribe y el Pacífico sudamericano que, según cifras, ha dejado al menos 83 personas muertas desde septiembre. El gobierno de EE. UU. justifica esta campaña bajo el argumento de proteger a los ciudadanos estadounidenses deteniendo la entrada de drogas ilícitas a su territorio. Sin embargo, diversos expertos legales han expresado serias dudas de que estos ataques respeten el derecho internacional. El caso de Carranza, junto con los sobrevivientes de otro ataque de octubre, son los pocos en los que han trascendido nombres de las víctimas, lo que subraya la dificultad de obtener información sobre las consecuencias humanas de la campaña de Estados Unidos.
El misterio rodea las circunstancias exactas de la desaparición de Carranza, de 42 años, quien zarpó el 14 de septiembre desde La Guajira, Colombia. Al día siguiente, el presidente Trump anunció un ataque contra una embarcación con tres tripulantes, quienes habrían muerto. La sobrina de Carranza, Lizbeth Pérez, ha expresado que la familia, que desconoce si él estaba a bordo de esa embarcación, no tiene pruebas concretas, solo indicios de las noticias. Por su parte, el presidente Gustavo Petro denunció los ataques poco después, apoyándose inicialmente en indicios de que ciudadanos colombianos habrían estado a bordo de las lanchas impactadas. Petro reforzó sus denuncias más tarde, acusando a Washington de violar la soberanía de Colombia y de cometer un asesinato, lo que provocó una fuerte escalada de tensiones con Trump.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José, Costa Rica, es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Una denuncia presentada ante la CIDH (como la de la familia Carranza) puede llevar a la Comisión Interamericana a investigar, solicitar medidas cautelares si hay un riesgo inminente, y, eventualmente, si el Estado es hallado responsable, a enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para una sentencia vinculante. La presentación de esta denuncia no solo busca justicia para una víctima particular de un ataque estadounidense, sino que también establece un mecanismo legal y diplomático para cuestionar la legalidad de las acciones militares de EE. UU. en aguas internacionales bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico, poniendo el foco en las presuntas violaciones a los derechos humanos de ciudadanos de otros países.
La Acusación de Ejecución Extrajudicial
Aunque Carranza fue inicialmente identificado como un pescador, el presidente Petro alegó posteriormente que el colombiano había aceptado un pago de un narcotraficante para transportar drogas, supuestamente para ayudar a su hija a estudiar. Sin embargo, Petro argumentó que el supuesto delito no justificaba una «pena de muerte» y que no debieron haberlo «asesinado». El abogado Kovalik sostiene que, incluso si las víctimas fueran narcotraficantes, los ataques estadounidenses constituyen «ejecuciones extrajudiciales». El abogado defiende que si EE. UU. cree que están cometiendo un delito, las personas deben ser arrestadas, procesadas en un tribunal y sentenciadas, no bombardeadas en alta mar. Este argumento es central en la denuncia ante la CIDH, que nombra al secretario de Defensa, Pete Hegseth, como el responsable de ordenar bombardeos como el que presuntamente mató a Carranza.
