Eres prioridad, pero no tanto. Te veo, pero también te borro. Dialogo contigo, pero al mismo tiempo te desacredito y no permito que recibas apoyo internacional.
Ése es el mensaje confuso y contradictorio que el gobierno le manda a cada madre de un desaparecido, a cada colectivo de buscadoras, a cada víctima cuyo caso languidece en la impunidad.
Y en eso se parece tanto a sus predecesores. Imita sus palabras. Repite sus reacciones. La retórica de la negación recorre el sexenio de Calderón, el de Peña Nieto, el de López Obrador y ahora el de Sheinbaum.
El oficialismo se envuelve en la bandera nacional para ocultar lo que ocurre debajo de ella. Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Nochixtlán, San Fernando, Allende y recientemente Teuchitlán.
Sitios que conocemos por quienes murieron allí, por quienes desaparecieron allí, por quienes fueron ejecutados allí. Y ante esa realidad mastodóntica, Luisa María Alcalde, Gerardo Fernández Noroña, Rosario Piedra Ibarra, los morenistas en el Senado y la propia Presidenta han usado los mismos argumentos que antes criticaban.
El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas es injerencista, la mirada internacional viola la soberanía, la ONU actúa con una carga ideológica e intervencionista inaceptable.
Diez años después, el morenismo mimetiza posturas asumidas en 2015 cuando la SRE calificó de “irresponsable y poco ético” al relator de la ONU, Juan Méndez, que intentó evidenciar la tortura sistemática en el país. Entonces y ahora, el objetivo es desacreditar al mensajero para que no trascienda el mensaje crítico al gobierno.
Entonces y ahora, la meta es minimizar las matanzas para que no magullen la popularidad presidencial. Y en lugar de reconocer y encarar una crisis de magnitud insospechada —que los colectivos han documentado durante 14 años— el gobierno intenta silenciarla.
Sheinbaum y los suyos mienten cuando dicen que las atrocidades cometidas son casos aislados, o que los perpetradores son solo narcotraficantes y criminales, o que las ejecuciones extrajudiciales son cosa del pasado, o que las cifras de desaparecidos son una exageración.
Fernández Noroña miente cuando sugiere que no ha habido un solo caso de desaparición forzada durante su gobierno. Reportes oficiales generados por la Comisión Nacional de Búsqueda —dependiente de la Secretaría de Gobernación— reconocen que desde diciembre de 2018 hasta agosto de 2023 se registraron al menos 141 víctimas de desaparición forzada. Más las acumuladas desde entonces.
Y los responsables no fueron cárteles de la droga, sino miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La policía y el Ejército. El libro Permiso para matar de Paris Martínez, Daniel Moreno y Jacobo Dayán recoge testimonios desgarradores de quienes han padecido la violencia estatal.
Violencia producto de una guerra contra el pueblo de México, no contra el crimen organizado. Fue, ha sido y es el Estado. El Estado que ha permitido el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial contra la población civil. El Estado que ha militarizado la seguridad pública sin controles adecuados, que ha actuado sin una regulación adecuada del uso de la fuerza, que no insiste en un deslinde de responsabilidades por los abusos resultantes.
Por eso el gobierno acepta el uso de tortura para extraer confesiones y fabricar “evidencias”. Por eso una sucesión de gobiernos protege a las Fuerzas Armadas de investigaciones creíbles sobre su participación en crímenes documentados. Por eso las obstrucciones procesales, la falta de independencia de los peritos y los fiscales, la atonía de Gertz Manero, la aprobación de aparatosas leyes que se instrumentan tarde y mal.
Tres presidentes y una Presidenta permitiéndolo. México necesita ayuda porque quienes lo gobiernan cometen crímenes y no reciben castigo. La urgencia del involucramiento internacional —vía el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU— deviene de lo que no pasa en el país. Lo que no se investiga. Lo que se tapa.
Si Sheinbaum realmente quisiera romper ese patrón perverso, pediría asistencia internacional en vez de demeritarla. Aceptaría colaboración externa en lugar de rechazarla. Porque si continúa escudándose en el patriotismo pendenciero, validará las atrocidades cometidas. Si prosigue peleándose con las instancias que quieren ayudar al país, demostrará que no está rompiendo con el permiso para matar. Está rubricándolo.— Ciudad de México.
denise.dresser@mexicofirme.com
Académica, politóloga
Es triste ver cómo el gobierno puede ser tan inconsistente en sus promesas. Por un lado, dicen que están con las víctimas y que las apoyan, pero por el otro, sus acciones parecen decir lo contrario. Es como un juego de palabras que no lleva a nada. Las familias de los desaparecidos merecen un compromiso real, no solo discursos bonitos.
Es bastante frustrante ver cómo el gobierno juega con las emociones de las familias que buscan a sus seres queridos. Prometen apoyo y diálogo, pero en la práctica parece que no hacen mucho. Es como si estuvieran más interesados en dar una buena imagen que en realmente ayudar a quienes más lo necesitan. Es un juego peligroso que solo causa más dolor a quienes ya están sufriendo.