3-Noviembre-2025.-.El Banco Central de Brasil aprobó una norma que obliga a las instituciones financieras a identificar y cerrar las llamadas cuentas de bolsa, un producto que hasta ahora permitió la opacidad sobre la titularidad de fondos usados por redes criminales. La medida busca cortar una ruta de lavado que se popularizó entre fintechs y ciertos vehículos financieros, y según la norma entrará en vigor el 1 de diciembre de este año, cuando las entidades deberán aplicar nuevos procedimientos de detección y cierre.
Las cuentas de bolsa funcionaban como cajas negras: el titular real podía mantener fondos y autorizar pagos a nombre de terceros, lo que dificulta rastrear el origen y destino del dinero. Esta estructura fue aprovechada por organizaciones del crimen para disimular operaciones, integrar activos y evadir controles bancarios tradicionales, algo que la norma busca erradicar a través de obligaciones más estrictas de identificación y monitoreo.
¿Por qué eran tan atractivas para el crimen organizado?
El mecanismo se volvió popular con la expansión de las fintechs y fondos cerrados que concentran recursos o realizan compensaciones en nombre de terceros. Al tercerizar órdenes y cobros, se diluye la pista del ordenante y se reduce la trazabilidad de los flujos, facilitando el blanqueo de capitales. Investigaciones y operativos recientes mostraron que fondos vinculados a esquemas en el sector de combustibles circularon exactamente por mecanismos parecidos. Reuters+1
Las autoridades señalaron que estas cuentas se usaban para servicios de pago “sin respaldo” y que su uso facilitó la circulación de dinero de procedencia ilícita. Por esa razón, además del cierre de las cuentas, las entidades tendrán que mantener registros y colaborar con la fiscalización; medios locales mencionan que la información podría conservarse por largos períodos —en algunos casos hasta una década— para facilitar investigaciones y sanciones.
Operativos y el nexo con el PCC
En agosto, Brasil lanzó operativos masivos —bautizados como Carbono Oculto, Quasar y Tank— que desmontaron redes de lavado en el sector de combustibles y mostraron cómo fintechs, fondos y otros intermediarios fueron usados para ocultar bienes y transferencias. Las acciones incluyeron centenares de mandatos judiciales y bloqueos patrimoniales, y las autoridades señalaron vínculos entre esas tramas y la mayor organización criminal del país, el Primer Comando de la Capital (PCC). Estas investigaciones aceleraron la respuesta regulatoria del Banco Central.
Los fiscales y la Receita Federal documentaron rutas que van desde la importación o producción de combustibles hasta la fase final de blanqueo, incluyendo el paso por fondos de inversión y proveedores tecnológicos. El esquema reveló que, sin controles estrictos, mercados formales e instrumentos financieros modernos pueden servir para camuflar operaciones multimillonarias
El cierre de estas cuentas implicará también que los bancos y otras entidades adopten mecanismos de monitoreo automatizado para detectar movimientos atípicos, establecer umbrales de alerta y romper relaciones cuando se identifiquen transacciones sospechosas. Además, las instituciones deberán coordinar con la autoridad fiscal y policial para preservar evidencias y facilitar procesos judiciales.
La norma del Banco Central es necesaria, pero no suficiente. Para ser efectiva a mediano plazo se requieren tres complementos prácticos: 1) un programa de supervisión específico para fintechs con auditorías periódicas e intercambio de información transfronterizo; 2) capacitación y recursos técnicos a las unidades de inteligencia financiera y a los equipos de cumplimiento de bancos pequeños; y 3) un mecanismo público-privado para el bloqueo preventivo de activos que reduzca la dependencia exclusiva de mandatos judiciales largos. Estos añadidos reducirían la capacidad de las organizaciones criminales para migrar a otros productos financieros y garantizarían que la norma no deje lagunas operativas que los delincuentes puedan explotar.
