
9 DE DICIEMBRE DEL 2025 – INTERNACIONAL. El Tribunal Supremo de Cuba ha dictado una sentencia sin precedentes, condenando a cadena perpetua al ex ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. La condena se produce tras ser declarado culpable en una primera causa penal por los graves delitos de espionaje y corrupción. Este veredicto marca un hito en la lucha contra la corrupción dentro de la cúpula gubernamental cubana y envía un mensaje contundente sobre la severidad con la que el Estado castiga el desvío de poder en altos cargos.
Múltiples Delitos y el Aprovechamiento de Funciones
Además de la pena perpetua por espionaje y corrupción, Alejandro Gil fue sentenciado a 20 años de prisión en un segundo juicio. Los cargos en esta segunda causa incluyen «cohecho de carácter continuado como medio para cometer falsificación de documentos públicos», así como «tráfico de influencias y evasión fiscal, ambos de carácter continuado». El Tribunal Supremo señaló que Gil utilizó un «actuar corrupto y simulador», aprovechándose de las facultades de su cargo para obtener beneficios personales ilícitos a costa del pueblo cubano y de la confianza depositada en él.
Según el comunicado oficial, el ex ministro incurrió en prácticas ilegales graves. El Tribunal detalló que Gil recibió dinero de firmas extranjeras y que sobornó a otros funcionarios públicos dentro del país. El objetivo de estos sobornos y el tráfico de influencias era «legalizar la adquisición de bienes», lo cual constituye un abuso flagrante de su posición. El comunicado subraya que con este accionar, Gil «Engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba», socavando la fe pública y la gestión económica de la nación.
El aspecto más delicado y grave de la condena, que justifica la pena máxima, es la acusación de espionaje. El Tribunal Supremo confirmó que Gil no solo incumplió los procesos de trabajo con la información oficial clasificada que manejaba, sino que la «sustrajo, la dañó y finalmente la puso a disposición de los servicios del enemigo». Esta revelación vincula directamente la corrupción económica con la traición a la seguridad del Estado, elevando el caso a una cuestión de máxima seguridad nacional, algo inusual para un ex ministro de economía.
Un Misterio Resuelto y la Apelación Abierta
Alejandro Gil fue destituido de su cargo por el presidente Miguel Díaz-Canel en febrero de 2024, y su paradero se convirtió en un misterio. No fue visto ni escuchado en público hasta que se iniciaron los juicios, lo que alimentó una gran curiosidad y especulación dentro y fuera de Cuba sobre su caída y posterior detención. Con la sentencia emitida, el misterio sobre su destino ha sido resuelto, confirmando que el ex ministro enfrentaba cargos graves de corrupción y espionaje desde su destitución.
A pesar de la contundencia de la sentencia, el proceso legal aún contempla un paso más: Alejandro Gil tiene un plazo de 10 días para interponer los recursos de apelación de las sentencias. Este derecho procesal permite a la defensa impugnar la decisión ante una instancia judicial superior, aunque la naturaleza de los delitos (espionaje y corrupción) y la gravedad de las penas sugieren que el camino legal será arduo para el ex funcionario. La firmeza del veredicto, sin embargo, busca cerrar un capítulo de alto perfil de corrupción en el gobierno cubano.
La Campaña Anticorrupción en la Cúpula Cubana







