27 OCTUBRE 2025-INTERNACIONAL-El Gobierno de Cuba presentó un nuevo programa titulado “Plan para corregir distorsiones y reimpulsar la economía nacional”, una propuesta que busca —según las autoridades— estabilizar el sistema económico y fortalecer el modelo socialista. Sin embargo, especialistas como el economista Pedro Monreal consideran que el documento es “excesivamente complejo, disperso e irrealizable”. La presentación del plan llega en medio de una situación delicada: la crisis provocada por el huracán Melissa y el deterioro generalizado de la economía cubana.
El anuncio del plan se da en los últimos meses de 2025, cuando el país enfrenta un escenario de inflación creciente, apagones constantes y escasez de productos básicos. Aun así, el Gobierno defiende la propuesta como una hoja de ruta hacia la recuperación económica. El documento, divulgado por la Presidencia, incluye 10 objetivos generales, 106 específicos, más de 340 acciones y 260 indicadores que, según las autoridades, permitirán encaminar a Cuba hacia una “recuperación sostenible”.
Un plan económico en medio de la tormenta
La publicación de este ambicioso plan justo cuando el país lidia con los estragos del huracán Melissa ha generado suspicacias. Para muchos cubanos, el momento no fue casual, sino una estrategia para aplicar medidas impopulares sin un verdadero debate público. Entre las disposiciones más polémicas destacan la eliminación progresiva de subsidios y gratuidades consideradas “indebidas”, así como el aumento de precios en servicios esenciales como electricidad, agua, transporte y combustibles.
Además, se introducirá un impuesto sobre el valor agregado (IVA) y se formalizará la dolarización parcial de la economía. Esta medida busca estabilizar los ingresos del Estado, pero también limita el poder adquisitivo de la mayoría de la población, que percibe salarios en pesos cubanos. A esto se suma una bancarización obligatoria que otorga al Estado un mayor control sobre las transacciones financieras, despertando temores entre quienes dependen del comercio informal.
Otro punto que ha generado rechazo es la creación de nuevos peajes y la reducción del financiamiento estatal para la vivienda. El plan también prevé la emisión de “Letras de Regulación Monetaria” con el fin de absorber el exceso de dinero circulante, aunque algunos analistas advierten que esto podría agravar la escasez de efectivo y frenar la actividad comercial. A ello se suma la continuidad del sistema dual de divisas —CUP y MLC— que mantiene la desigualdad entre quienes acceden a divisas extranjeras y quienes dependen exclusivamente del peso cubano.
Pedro Monreal, uno de los economistas más críticos del oficialismo, asegura que el programa mezcla metas e indicadores sin una estructura técnica coherente y omite problemas sociales como la pobreza y la desigualdad. También cuestiona que no se expliquen las fuentes de financiamiento ni los mecanismos de apoyo a sectores productivos clave como la agricultura y la industria alimentaria, pilares indispensables para reducir la dependencia de importaciones.
El contexto social agrava el panorama. En varias provincias del país se han registrado protestas silenciosas, cortes de calles y manifestaciones espontáneas contra los apagones y la falta de alimentos. Mientras tanto, el discurso oficial insiste en que estas medidas son “dolorosas pero necesarias” para rescatar la economía del colapso. Sin embargo, el ciudadano común siente que los sacrificios siempre recaen sobre los mismos: los trabajadores y jubilados con ingresos limitados.
De acuerdo con fuentes diplomáticas, el Gobierno cubano también busca con este plan mejorar su relación con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, a pesar de que oficialmente mantiene un discurso de independencia económica. El objetivo sería acceder a mecanismos de financiamiento o cooperación técnica que permitan aliviar la crisis energética y alimentar el aparato productivo.
A nivel estructural, los analistas consideran que el plan económico del Gobierno cubano podría tener sentido si se acompañara de políticas de transparencia, apertura comercial y estímulo a la iniciativa privada. Sin embargo, mientras las decisiones económicas sigan concentradas en el Estado, es difícil que las medidas logren atraer inversión o generar confianza en los mercados. Cuba enfrenta el dilema de mantener su modelo socialista o abrirse a un esquema más mixto que permita oxigenar su economía sin renunciar totalmente a su identidad política.
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