30 DE DICIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. El año 2025 está por terminar y la situación para los agricultores zacatecanos es crítica, ya que la gran mayoría de los 52 puntos de recepción de leguminosas en el estado permanecen cerrados. Según denunció el diputado federal José Narro Céspedes, líder de la CNPA, existe una red de corrupción y burocratismo que impide el funcionamiento de estos lugares. El legislador señaló que los funcionarios del sector agropecuario le mienten a la presidenta Claudia Sheinbaum, entregando informes falsos donde aseguran que todas las unidades están operando cuando la realidad en el campo es muy distinta.
Durante una reciente supervisión, se constató que solo unos cuantos espacios para recolectar frijol están abiertos, mencionando específicamente los ubicados en Plateros, Calera, Colonia Hidalgo y Progreso. Por el contrario, sitios clave como Tacoaleche, Estación Gutiérrez y Milpillas fueron encontrados con las puertas cerradas, dejando a los productores sin opciones para entregar su cosecha. Narro Céspedes enfatizó que esta falta de transparencia daña directamente a las familias campesinas que dependen de la venta inmediata de su producto para subsistir y cubrir sus deudas.
Corrupción y mentiras en las Unidades de almacenamiento de grano
El descontento aumentó tras la visita de María Luisa Albores, titular de Alimentación para el Bienestar, quien escuchó de viva voz las quejas de los campesinos sobre la ineficiencia de los operadores. A pesar de que los informes oficiales indican que las instalaciones de acopio de semilla trabajan con normalidad, la realidad es que los productores enfrentan trabas constantes y falta de personal capacitado. El legislador federal reconoció el esfuerzo de algunos funcionarios como Raúl Salgado, pero insistió en que la voluntad de una sola persona no es suficiente para poner orden en un sistema que parece estar colapsado.
Zacatecas se mantiene como el principal productor de este alimento a nivel nacional, alcanzando en este ciclo una cosecha cercana a las 400 mil toneladas. Sin embargo, este éxito productivo se ve opacado porque las bodegas de concentración de frijol no están disponibles para recibir la carga, lo que genera desesperación entre los agricultores. Ante esta parálisis operativa, el grano corre el riesgo de echarse a perder o de ser malbaratado con intermediarios que se aprovechan de la urgencia de los trabajadores del campo zacatecano.
El impacto de los precios bajos en las Estaciones de depósito de frijol
Otro factor que complica la comercialización es la caída de los precios internacionales establecidos por la Bolsa de Chicago, debido a una sobreproducción en los Estados Unidos. Esta situación hace que las zonas de acopio de producción agrícola en México pierdan competitividad frente al grano importado que entra al país. Narro Céspedes propuso que el gobierno federal tome medidas drásticas, como el cierre temporal de las fronteras a la importación, para proteger el mercado interno y asegurar que el esfuerzo de los mexicanos sea pagado de manera justa y digna.
Finalmente, se hizo un llamado urgente para dejar atrás el miedo a las presiones externas y priorizar la soberanía alimentaria del país mediante el fortalecimiento de los lugares de acopio del campo. Con una cosecha tan grande de 400 mil toneladas, es vital que se abran todos los centros prometidos antes de que termine el inventario de la temporada. Los campesinos exigen que la ayuda llegue directamente a quienes trabajan la tierra, eliminando a los funcionarios que manipulan las cifras y que ocultan la verdadera crisis que se vive hoy en los municipios de Zacatecas.
¿Por qué el precio de Chicago afecta a Zacatecas?
Aunque el frijol se produzca en Zacatecas, el precio que se paga al productor local se calcula restando los costos de transporte y logística al precio internacional de la Bolsa de Chicago. Cuando hay sobreproducción en EE. UU., el precio mundial baja, y los acopiadores privados en México usan ese precio bajo como excusa para pagarle menos al campesino nacional. Sin los centros de acopio del gobierno operando con un «precio de garantía» fijo, el agricultor queda desprotegido y obligado a aceptar pagos que a veces ni siquiera cubren el costo de la semilla y el fertilizante.
