2 DE NOVIEMBRE DEL 2025 – INTERNACIONAL. Más de 40 millones de estadounidenses que dependen de la ayuda federal para comprar alimentos enfrentan una incertidumbre angustiante. El cierre parcial del gobierno, provocado por la incapacidad del Congreso para acordar nueva financiación, amenaza con dejar sin fondos esenciales al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Este programa, que funciona mediante tarjetas de débito recargables y es utilizado por uno de cada ocho estadounidenses, podría quedarse sin dinero para pagar la totalidad de las prestaciones a partir del 1 de noviembre. Personas como Chantille Manuel, una emprendedora de Florida que ha transformado su vida pero sigue dependiendo de SNAP para alimentar a su familia, se encuentran al límite, forzadas a estirar al máximo los pocos alimentos que les quedan.
La crisis ha sido agravada por la negativa del gobierno de Donald Trump a utilizar un fondo de contingencia que habría permitido la continuidad de las prestaciones. El argumento oficial es que este dinero debe reservarse para posibles emergencias, como desastres naturales. Sin embargo, este fondo de emergencia, que solo cubriría aproximadamente el 60% de un mes de prestaciones según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP), tampoco sería una solución completa, solo un alivio temporal. Mientras tanto, la situación se politiza aún más en Washington.
El enfrentamiento político pone en peligro un «salvavidas crucial»
El uso de los fondos de contingencia ha generado un fuerte desacuerdo entre demócratas y republicanos. Los demócratas critican que el gobierno haya asegurado financiación para otros servicios esenciales durante el cierre, como el pago a los miembros de las fuerzas armadas, y argumentan que debería hacer lo mismo con SNAP. Por su parte, los republicanos afirman que el programa recibirá fondos si los demócratas acceden a reabrir el gobierno, en un intento de culpar al partido opositor por el estancamiento. Este pulso político, que ya dura cinco semanas, ha convertido a la «red de seguridad fundamental» de SNAP en rehén de las negociaciones.
Mientras los legisladores se culpan mutuamente, la situación en el terreno se deteriora rápidamente. Hanna Garth, profesora de la Universidad de Princeton, describe a SNAP como un «salvavidas crucial» que evita que las familias caigan en la pobreza extrema, señalando que «muchos usuarios ganan muy poco dinero, incluso trabajando». Una familia de cuatro personas recibe, en promedio, $715 al mes, lo que apenas equivale a $6 por persona al día. Esta pequeña ayuda es el factor decisivo para que millones de estadounidenses no pasen hambre.
Los bancos de alimentos se preparan para la «tormenta nueva»
La amenaza de un cese de pagos ha forzado a los estadounidenses dependientes de SNAP a buscar alternativas, principalmente recurriendo a los bancos de alimentos. En Sarasota, Florida, el banco de alimentos All Faiths ha notado un aumento en la necesidad desde que comenzó el cierre parcial el 1 de octubre. Nelle Miller, su directora ejecutiva, compara la situación con un desastre, pero de una naturaleza diferente: «El año pasado tuvimos tres huracanes aquí… pero esta es una tormenta nueva». La gran preocupación es qué pasará con los 14,000 beneficiarios de SNAP de la zona que actualmente no utilizan el banco de alimentos.
Si esos estadounidenses se ven obligados a recurrir a la caridad, el banco de alimentos deberá redistribuir sus provisiones de comida, lo que significaría que cada persona recibirá menos cantidad. Esta perspectiva es «realmente difícil» y «muy angustiante», según Miller, quien insiste en que «recibir alimentos es un derecho inalienable». Mientras tanto, individuos como Austin Lemmer, que recibe $295 al mes de SNAP, ya gastó sus beneficios de octubre y se prepara para el peor escenario. «He estado tratando de estirar al máximo la poca comida que tengo, pero hay un límite, especialmente cuando ya vives a base de bolsas de arroz y frijoles enlatados», lamenta Lemmer.
El problema de la financiación de SNAP se complica a nivel estatal. Si bien los estados administran el programa y algunos se han comprometido a usar sus propios fondos para cubrir el déficit, el gobierno federal ha advertido que no habrá reembolsos. Estados como Florida han sido claros en que sus usuarios perderán los beneficios sin una acción antes del fin de semana. En un intento desesperado por impedirlo, 25 fiscales generales demócratas han demandado al gobierno de Trump, argumentando que la suspensión de los fondos es ilegal y privaría a millones de estadounidenses de su derecho a la comida.
El Departamento de Agricultura ha respondido a la demanda culpando a los demócratas por el agotamiento de los fondos. El cierre del gobierno se convirtió en el segundo más largo de la historia, sin ningún avance significativo. La frustración es palpable entre los beneficiarios como Manuel: «No creo que los políticos en Washington tomaran la decisión que están tomando si les afectara de la misma manera que nos afecta a nosotros», critica. «Mientras tengan qué comer, eso es lo que les importa».
