13 DE ENERO DEL 2026 – INTERNACIONAL. La situación en el estado de Minesota ha alcanzado un punto crítico tras la decisión del gobierno local de interponer una demanda contra la administración federal. Esta medida legal busca frenar lo que las autoridades estatales califican como una invasión de agentes migratorios en las calles de Mineápolis. La tensión se disparó luego de que el gobierno de Donald Trump decidiera enviar más efectivos para contener las manifestaciones que rechazan las recientes redadas masivas en la región.
El conflicto legal fue iniciado formalmente por el estado de Minesota junto a las ciudades de Mineápolis y St. Paul, quienes presentaron una solicitud de restricción temporal ante un tribunal federal. El objetivo primordial es detener o limitar de inmediato cualquier operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, especialmente tras el trágico asesinato de Renee Nicole Good. La muerte de esta ciudadana estadounidense a manos de un oficial ha unificado a la comunidad en un reclamo de justicia y seguridad.
Represión y despliegue de fuerza federal
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha confirmado sus planes de enviar a más de 2 mil efectivos para reforzar la vigilancia y las detenciones en la zona. Las autoridades federales se jactan de haber realizado ya más de 2 mil arrestos desde que iniciaron estas acciones el mes pasado, calificándola como la mayor maniobra de la agencia migratoria de Estados Unidos. Esta postura ha generado un ambiente de miedo y confrontación directa entre los uniformados y los residentes locales.
La violencia escaló recientemente cuando agentes federales utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a un grupo de personas que observaba un accidente vial provocado por la misma corporación. Un vehículo oficial chocó contra el automóvil de un civil, y mientras los agentes interrogaban a la víctima, la multitud comenzó a reclamarles por su conducta. Este tipo de encuentros con la policía de inmigración norteamericana se han vuelto comunes, dejando escenas de caos y ciudadanos heridos en sectores residenciales de la ciudad.
Estudiantes y otros estados se unen al reclamo
La indignación no solo se vive en las calles con adultos, sino que ha llegado a las escuelas, donde cientos de estudiantes de la secundaria Roosevelt realizaron una caminata de protesta. Con pancartas que exigen la salida de las autoridades federales, los jóvenes compararon la situación actual con sociedades distópicas de la literatura popular. El sentimiento de rechazo hacia las tácticas del organismo federal de control migratorio parece extenderse rápidamente entre las nuevas generaciones de Minesota.
Mientras esto ocurre, el estado de Illinois también ha decidido demandar al gobierno de Trump por el «uso peligroso de la fuerza». El gobernador JB Pritzker denunció que personal con entrenamiento y armas militares ha estado aterrorizando a los residentes de Chicago bajo la excusa de realizar operativos de control. Estas acciones coinciden con un endurecimiento nacional que ha provocado que el departamento de visados e inmigración revoque más de 100 mil documentos de viaje, afectando a miles de estudiantes y trabajadores extranjeros.
Para entender la magnitud de este conflicto, es necesario considerar el concepto de «Ciudades Santuario» y la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE. UU. Aunque el gobierno federal tiene autoridad sobre la inmigración, las ciudades no están obligadas legalmente a gastar sus propios recursos (policía local, cárceles municipales) para ayudar en tareas federales. La demanda de Minesota se apoya en la Décima Enmienda, argumentando que el despliegue federal excesivo interfiere con la capacidad del estado para mantener la paz pública. Este enfrentamiento legal podría llegar hasta la Corte Suprema, definiendo si un estado puede prohibir físicamente la operación de agentes federales en sus calles si considera que estos representan un peligro para sus ciudadanos.
