15-Julio-2025.-Más de 12 mil firmas han sido recabadas por colectivos, activistas y habitantes de Cozumel para exigir la cancelación del cuarto muelle en la isla. Este proyecto, impulsado como parte del crecimiento de la infraestructura turística, ha provocado una fuerte oposición ciudadana por los posibles daños al ecosistema marino y al equilibrio social del lugar.
Los documentos que respaldan esta solicitud no solo incluyen firmas, sino también miles de cartas ciudadanas, además de estudios técnicos y testimonios de habitantes locales que han convivido durante años con la riqueza natural de la zona. Estas evidencias serán entregadas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como parte de un recurso de revisión.
Una de las principales preocupaciones radica en los efectos negativos sobre los arrecifes, muchos de los cuales se encuentran dentro de áreas protegidas. Investigadores han advertido que la construcción y operación del muelle podría incrementar el tráfico marítimo, alterar los patrones de sedimentación y dañar gravemente los ecosistemas coralinos que son fundamentales para la biodiversidad de la región.
Otro punto que refuerza el rechazo es la falta de consulta ciudadana efectiva. Aunque se han realizado foros y presentaciones, varios habitantes denuncian que las decisiones han sido tomadas sin una verdadera participación comunitaria. Esto ha generado un sentimiento de exclusión y desconfianza hacia las autoridades y promotores del proyecto.
El valor agregado de esta movilización es que ha generado una nueva ola de participación cívica en Cozumel, incluyendo a jóvenes, científicos, pescadores y operadores turísticos que, más allá de oponerse al desarrollo, buscan alternativas sostenibles para fortalecer la economía sin destruir el entorno natural. Incluso se han propuesto planes de turismo responsable que privilegian la conservación por encima del volumen de visitantes.
En un enfoque constructivo, expertos han sugerido que la Semarnat podría utilizar esta coyuntura como una oportunidad para establecer nuevos criterios de evaluación ambiental más estrictos, especialmente en zonas con fragilidad ecológica comprobada. La atención ahora está puesta en la respuesta oficial: ¿escuchará el gobierno federal el llamado colectivo o dará luz verde al polémico muelle?
