24 DE MARZO DEL 2026 – INTERNACIONAL. El gobierno de Costa Rica anunció este lunes la formalización de un «convenio no vinculante» con las autoridades de Estados Unidos. Mediante este pacto, el país centroamericano acepta recibir en su territorio hasta 25 personas deportadas por semana, provenientes de la nación norteamericana. El presidente Rodrigo Chaves explicó que a estos individuos se les otorgará un estatus legal especial mientras se define su situación final, asegurando que el proceso se llevará a cabo bajo un estricto respeto a las leyes nacionales y los derechos humanos de los involucrados.
La firma de este pacto sobre migración se dio durante la visita oficial de Kristi Noem, enviada especial de la iniciativa estadounidense «Escudo de las Américas». La reunión tuvo lugar en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en San José, donde se aclaró que el convenio permite a Estados Unidos proponer el traslado de ciudadanos extranjeros que no tengan la nacionalidad estadounidense. Costa Rica mantiene la potestad de aceptar o rechazar a los candidatos propuestos, lo que le da un margen de maniobra para decidir sobre nacionalidades específicas según su capacidad.
Detalles de la colaboración y el apoyo financiero
Durante el encuentro, las autoridades destacaron que este es un convenio voluntario y que el protocolo permite rechazar traslados si no cumplen con ciertos requisitos. El objetivo principal de este trato migratorio internacional es colaborar en la gestión de personas que se encuentran de forma ilegal en Estados Unidos, dándoles una oportunidad de tránsito seguro hacia sus países de origen. La ministra de la Presidencia y mandataria electa, Laura Fernández, también estuvo presente en la reunión para validar la continuidad de estas políticas de cooperación regional con el socio norteamericano.
Para que este proceso sea viable, el acuerdo establece que Estados Unidos se encargará de gestionar el apoyo económico necesario para la atención de los migrantes. Por su parte, el alojamiento y la logística de estancia estarán bajo la supervisión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Este esquema busca evitar que la carga financiera recaiga totalmente sobre el presupuesto costarricense, garantizando que los deportados reciban atención humanitaria adecuada mientras esperan su retorno definitivo a naciones en África, Europa o Asia.
Antecedentes y desafíos legales en el país
Costa Rica ya cuenta con experiencia previa en este tipo de operativos, pues entre febrero y marzo del año pasado recibió a 200 personas bajo condiciones similares. Sin embargo, aquel proceso no estuvo libre de polémica, ya que los migrantes fueron retenidos en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem). Esa situación generó fuertes críticas de diversos sectores y desembocó en una resolución de la Sala Constitucional, la cual ordenó la liberación inmediata de los extranjeros al considerar que su reclusión era improcedente bajo el actual sistema de control migratorio del país.
