La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos orales sobre la constitucionalidad de una ley implementada en una pequeña ciudad de Oregón que castiga a las personas por dormir con mantas al aire libre y que, en última instancia, busca disuadir a las personas sin hogar, un problema creciente en EE.UU.
“El verdadero objetivo de la ley es hacer que las personas sin hogar abandonen la ciudad”, apuntó en la audiencia la jueza progresista Sonia Sotomayor.
La también progresista Elena Kagan afirmó por su parte que “para una persona que no tiene adónde ir, dormir en público es como respirar en público” y acusó a las autoridades del municipio de Grants Pass de “criminalizar un estatus”.
Una postura similar a la mostrada por la jueza Ketanji Brown Jackson, quien afirmó que es “cruel e inusual castigar a las personas por actos que constituyen necesidades humanas básicas” como es dormir.
Los jueces conservadores lanzaron el mensaje de que abordar la cuestión de las personas sin hogar “es una cuestión política difícil” que debería corresponderle a los poderes electos, en lugar de a los tribunales.
En una audiencia que duró más de dos horas, los nueve jueces del máximo tribunal escucharon los argumentos del caso ‘Grants Pass v. Johnson’, por el que un grupo de personas sin hogar está cuestionando las leyes de la ciudad de Grants Pass que prohíben dormir y acampar con cualquier tipo de ropa de cama en espacios públicos.
Consideran que es inconstitucional, argumentando que las personas se encuentran involuntariamente sin hogar en la ciudad porque no hay camas disponibles en refugios y que la ciudad no puede castigarlos sin ofrecerles un lugar donde dormir.
Para pedir la inconstitucionalidad de la ley se abrazan a la octava enmienda de la Constitución, que afirma que no se impondrán multas excesivas ni se infligirán castigos crueles e inusitados.
Y también a una sentencia del Supremo de 1962 que estipuló que no es un delito ser un adicto a los narcóticos. Hacen por tanto una analogía entre la falta de vivienda y la adicción a las drogas y consideran que ambos son un estatus por el que los ciudadanos no pueden ser castigados.
El caso comenzó en octubre de 2018, cuando tres personas sin hogar en Grants Pass demandaron a la ciudad alegando que sus ordenanzas para dormir y acampar en lugares públicos los castigaban inconstitucionalmente.
Pero los funcionarios de la ciudad de Grants Pass consideran que la octava enmienda no está en tela de juicio y advierten que un fallo a favor de los demandantes alimentaría los campamentos de personas sin hogar en todo el país y obstaculizaría la capacidad de respuesta de los gobiernos locales.
Los infractores de estas leyes se enfrentan a multas de al menos 295 dólares, a la prohibición de entrar en parques e incluso a una infracción criminal por reincidencia, castigable con hasta 30 días de cárcel y una multa de 1.250 dólares.
El Tribunal Supremo, que no escuchaba un caso similar hace décadas, tendrá que decidir sobre hasta dónde pueden llegar las ciudades y los estados para controlar a las personas sin hogar, un caso que podría tener profundas implicaciones para decenas de ciudades que se enfrentan a este problema.
Según un informe de diciembre del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, en diciembre de 2023 había 256.000 personas sin refugio en Estados Unidos.
La falta de vivienda aumentó un 12 por ciento entre 2022 y 2023, afirma el informe, y alcanzó su nivel más alto desde que comenzó el seguimiento en 2007.
Con información de EFE
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