La Corte Suprema de Estados Unidos dio un paso clave al autorizar al gobierno de Donald Trump a continuar con su plan de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300,000 venezolanos. Esta decisión se dio tras aceptar una solicitud de emergencia del Ejecutivo que busca revertir lo decidido al final del mandato de Joe Biden, quien había extendido dichas protecciones humanitarias. Aunque la batalla legal continúa en tribunales menores, este fallo abre la puerta para que el gobierno avance con su intención.
El TPS es un programa federal que existe desde 1990 y brinda protección a personas de países en crisis por guerras, desastres o situaciones extremas. En marzo de 2021, la administración Biden incluyó a venezolanos en este beneficio debido a la inestabilidad política de su país. Bajo este estatus, los beneficiarios obtienen permiso de residencia temporal y pueden trabajar legalmente por periodos de hasta 18 meses, con posibilidad de renovación.
Lo que está en juego ahora es una designación posterior realizada en octubre de 2023 y renovada en enero de 2024, antes de que Trump regresara al poder. Esta medida fue bloqueada por un juez federal en California, quien señaló que la anulación del TPS podría haber sido motivada por razones raciales. Sin embargo, el gobierno argumentó que se trata de una decisión discrecional del Ejecutivo, no sujeta a revisión judicial.
El Fiscal General John Sauer defendió la postura del gobierno señalando que el fallo del tribunal inferior interfiere con facultades clave del Poder Ejecutivo. Afirmó que las decisiones sobre inmigración deben ser ágiles y responder a criterios políticos definidos por el gobierno, no por los jueces. Según Sauer, detener esta revocación genera un precedente negativo para el manejo de la política migratoria en el país.
Por su parte, organizaciones como la Alianza Nacional del TPS, junto con ciudadanos venezolanos, llevaron el caso a los tribunales argumentando que esta revocación es injusta. Sus abogados aseguran que el gobierno de Trump pretende esquivar el escrutinio legal sobre el alcance de su autoridad. Añaden que debe ser la justicia federal la que determine si se están vulnerando derechos y si la decisión tiene fundamentos legales sólidos.
