24 DE JUNIO-La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a reactivar las deportaciones rápidas de migrantes hacia terceros países, una medida que había sido suspendida por un tribunal inferior. Con seis votos a favor y tres en contra, los jueces dieron luz verde para que se envíen migrantes a naciones distintas a sus lugares de origen, revocando así la protección temporal que tenían bajo la orden de un juez de Boston.
Esta decisión fue celebrada por la administración Trump como un triunfo para fortalecer la seguridad nacional y acelerar la salida de personas consideradas como amenaza. Sin embargo, las tres juezas liberales de la corte criticaron duramente la resolución y advirtieron que esta acción “premia la ilegalidad” al negar a los migrantes la oportunidad de exponer los riesgos que enfrentan en los destinos asignados.
El caso se originó tras la orden del juez Brian Murphy, quien suspendió en abril las deportaciones a terceros países. Murphy argumentó que los migrantes tenían derecho al debido proceso, es decir, a ser notificados sobre su destino y a defenderse si corrían peligro de ser torturados o asesinados. Pese a esto, un vuelo con ocho migrantes partió hacia Sudán del Sur, país marcado por la violencia, aunque finalmente aterrizó en Yibuti, donde permanecen retenidos en una base militar estadounidense.
Críticas y defensa de derechos humanos
Los abogados de los migrantes alegan que sus clientes podrían enfrentar tortura y muerte si son enviados a lugares donde no tienen vínculos ni seguridad alguna. La Alianza Nacional de Litigios de Inmigración calificó el fallo como “horrendo” y sostuvo que la Corte Suprema ignoró la protección básica que merecen los migrantes, especialmente cuando varios no tienen antecedentes penales, contrario a lo declarado por el gobierno de Trump.
Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson argumentaron que la mayoría conservadora de la corte cometió un “grave abuso” al permitir la reanudación de estas deportaciones exprés. Sotomayor fue contundente al decir que la Corte prioriza la posibilidad de abuso de poder judicial por encima de la vida y seguridad de miles de personas vulnerables.
Por ahora, los migrantes retenidos en Yibuti están protegidos de una expulsión inmediata gracias a otra resolución previa del juez Murphy, pero la batalla legal sigue abierta. Los defensores de derechos humanos mantienen la esperanza de revertir este fallo y garantizar que se respete el derecho a un proceso justo, mientras la administración Trump insiste en endurecer la política migratoria como parte de su legado presidencial.
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