Por Daniel Zovatto
La corrupción en América Latina sigue siendo una preocupación central, con avances limitados en su combate. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional, la región obtuvo una puntuación media de 42 sobre 100, situándose 22 puntos por debajo de la Unión Europea y apenas 3 puntos por encima de Medio Oriente y África del Norte.
Uruguay, Chile y Costa Rica destacan como los países mejor posicionados en la región, con puntuaciones de 76, 63 y 58 respectivamente, siendo los únicos que superan los 50 puntos. En contraste, Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10) se ubican en el extremo opuesto, reflejando altos niveles de corrupción percibida.
Panamá con 33 puntos desciende varios puestos, ocupa el lugar número 114 a nivel mundial, y obtiene el puntaje más bajo (equivalente a mayor corrupción) de la última década.
México con 26 puntos es igual que Nigeria y Uganda, ocupando el lugar número 140 a nivel mundial de 180 países y uno de los últimos en el ámbito regional latinoamericano, similar a Guatemala, Paraguay y Honduras, sin llegar a los casos extremos de Haití, Nicaragua y Venezuela.
Recientes escándalos han exacerbado la percepción de corrupción en varios países.
En Colombia, la administración del presidente Gustavo Petro se ha visto afectada por acusaciones de desvío de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, así como por presuntos casos de nepotismo en Ecopetrol y financiación irregular de campañas. Estos eventos han deteriorado la confianza pública y representan desafíos significativos para el gobierno en su lucha contra la corrupción. 
En Chile, la diputada Catalina Pérez, exmiembro del Frente Amplio, ha sido desaforada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, allanando el camino para su formalización por delitos de fraude al fisco relacionados con la fundación Democracia Viva. Este caso ha generado un intenso debate sobre la integridad en la gestión de fondos públicos y la responsabilidad de los funcionarios electos.
La falta de avances en la lucha contra la corrupción se atribuye a varios factores. Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas de Transparencia Internacional, señala una “despriorización” de la agenda de transparencia en muchos países. Aunque algunos líderes llegan al poder con discursos anticorrupción, una vez en el cargo, esta agenda a menudo queda relegada, sin integrarse en otras políticas clave como las ambientales o económicas.
Además, la debilidad institucional y la falta de transparencia han facilitado el auge del crimen organizado en la región. Actividades como el tráfico de drogas, la tala y minería ilegales, y el tráfico de personas prosperan en entornos donde la corrupción permite su operación sin trabas.
Para combatir eficazmente la corrupción, es esencial fortalecer el poder judicial, garantizar la aplicación imparcial de la ley y atacar los flujos financieros ilícitos. Sin embargo, la falta de voluntad política y la resistencia de grupos de interés continúan siendo obstáculos significativos. La concentración de poder en las élites y la discrecionalidad en la toma de decisiones agravan el problema, perpetuando un ciclo de impunidad y desconfianza pública.
En resumen, aunque existen rutas conocidas para abordar la corrupción, como la promoción de la participación ciudadana, la transparencia y el fortalecimiento institucional, la implementación efectiva de estas medidas requiere un compromiso político genuino y sostenido. Sin este, la lucha contra la corrupción en América Latina seguirá siendo una asignatura pendiente.
