12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 – INTERNACIONAL. Un reciente informe de las Naciones Unidas ha revelado que el gobierno de Corea del Norte está intensificando la represión contra su propia población, utilizando cada vez más la pena de muerte como castigo. Una de las conclusiones más alarmantes del informe es que el régimen de Kim Jong-un está ejecutando a personas por delitos como ver y compartir películas y series de televisión extranjeras. Esta escalada en la represión busca limitar aún más el acceso de la gente a la información externa y reforzar el control total sobre la vida de los ciudadanos, quienes, según la ONU, no tienen otra población en el mundo que sufra tales restricciones.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advierte que si la situación continúa, el pueblo de Corea del Norte se enfrentará a un «mayor sufrimiento» y una «represión brutal». El informe se basa en más de 300 entrevistas con personas que han logrado escapar del país en los últimos 10 años y detalla cómo, desde 2015, se han promulgado al menos seis nuevas leyes que permiten la pena capital por diversos delitos. Testimonios de fugitivos describen que las ejecuciones se llevan a cabo en público mediante fusilamientos, una medida diseñada para infundir miedo y disuadir a la población de infringir la ley y buscar contenido foráneo.
Aumento de los trabajos forzados y degradación de los derechos en Corea del Norte
Además de la represión mediática, el informe de la ONU señala un aumento en el uso de trabajos forzados, especialmente para las familias más pobres. Estas personas son reclutadas en «brigadas de choque» para realizar tareas peligrosas en proyectos de construcción y minería. La promesa de mejorar su estatus social a menudo termina en muertes glorificadas por el gobierno como «sacrificios» al líder Kim Jong-un. El informe también documenta el reclutamiento de miles de huérfanos y niños de la calle para estas labores. Esta situación contrasta fuertemente con las promesas de Kim Jong-un al inicio de su mandato en 2011, cuando aseguró que mejoraría la economía y que la gente ya no tendría que «apretarse el cinturón».
La realidad, sin embargo, ha sido una degradación de los derechos en Corea del Norte y una vida diaria cada vez más difícil para los ciudadanos. Casi todos los entrevistados por la ONU afirmaron no tener suficiente para comer, y muchos relataron que durante la pandemia de COVID-19 hubo una grave escasez de alimentos que provocó muertes por hambruna. El gobierno, al mismo tiempo que reforzaba el control sobre los mercados informales y la frontera con China, dificultó aún más la capacidad de la gente para subsistir y escapar. La vigilancia se ha vuelto «más generalizada» gracias a la tecnología, lo que ha permitido al régimen «bloquear los ojos y los oídos de la gente» para eliminar cualquier rastro de insatisfacción.
El informe de 2025 es una actualización del informe de 2014 que concluyó, por primera vez, que el gobierno norcoreano estaba cometiendo crímenes de lesa humanidad. Este nuevo documento confirma que al menos cuatro de los infames campos de prisioneros políticos del país siguen funcionando, y que en las prisiones regulares los detenidos continúan sufriendo torturas y abusos. A pesar de estas condiciones, la ONU insta a la comunidad internacional a actuar y a la Corte Penal Internacional a considerar la situación.
A pesar de las graves denuncias, la posibilidad de una intervención internacional significativa se ve obstaculizada por la falta de cooperación de otros países. Dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia, han bloqueado consistentemente los intentos de imponer nuevas sanciones a Corea del Norte. La reciente aparición de Kim Jong-un junto a los líderes de ambos países en un desfile militar en Pekín es un claro indicio de la aceptación tácita de estos regímenes sobre el programa nuclear norcoreano y su manejo de los derechos humanos. Esta alianza dificulta la presión internacional y deja a la población en una situación de vulnerabilidad extrema, con pocas esperanzas de un cambio inminente.
El impacto de la cultura pop y la «Hallyu» como amenaza al régimen
La obsesión del régimen norcoreano por prohibir y castigar severamente el consumo de películas y series de televisión extranjeras, especialmente las surcoreanas, no es solo un acto de control, sino una respuesta directa a una amenaza ideológica. La «Hallyu» o «ola coreana», que incluye la música K-pop, los K-dramas y el cine, presenta un estilo de vida de prosperidad, modernidad y libertad que contrasta drásticamente con la narrativa de aislamiento y austeridad que el gobierno de Corea del Norte promueve. Esta exposición a la cultura pop extranjera no solo genera un deseo de bienes materiales, sino que también siembra dudas sobre la propaganda del régimen y su supuesta superioridad moral y económica. La brutalidad de las ejecuciones públicas por este delito demuestra que el gobierno ve esta influencia cultural no como una simple distracción, sino como un peligro existencial para su control totalitario.
