La reciente reforma al Artículo 24 de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo ha generado controversia y preocupación en el sector empresarial y entre los ciudadanos, quienes la consideran una invasión a los derechos personales.
La reforma establece que en operaciones consignadas en escritura pública, los Notarios Públicos o Fedatarios deben calcular y retener el Impuesto correspondiente, así como presentar un documento que contenga el avalúo base de la operación ante la autoridad fiscal competente.
Esta disposición, que entró en vigor en abril de 2024, afectará las operaciones inmobiliarias del estado, al establecer procedimientos que ralentizarán los procesos notariales y limitarán la libertad de fijar el valor de los inmuebles para la compraventa.
Ante esto, el Observatorio ha interpuesto un recurso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, argumentando que la reforma vulnera los derechos humanos protegidos por la Constitución, y también señala que la legislatura incumplió el Artículo 25 constitucional, que insta a implementar disposiciones para la simplificación administrativa.
La reforma ha desencadenado preocupación y críticas, ya que se percibe como una limitación a la libertad y un obstáculo para el desarrollo económico del estado.
