Al filo de la madrugada de este viernes, el Congreso de Perú aprobó la destitución de Dina Boluarte como presidenta de la República. El procedimiento, conocido como «vacancia por permanente incapacidad moral», fue aprobado por una aplastante unanimidad, con 118 votos a favor y ninguno en contra. Este dramático giro político ocurre en un contexto de profunda crisis de violencia y criminalidad que azota el país sudamericano, siendo la preocupación ciudadana por la inseguridad un factor clave en el proceso.
El Congreso había citado a Boluarte para que ejerciera su defensa antes de la votación, pero la mandataria rechazó presentarse, tachando el procedimiento de «inconstitucional» y violatorio. Su abogado, Juan Carlos Portugal, declaró que no lo «convalidarían». Tras 20 minutos de espera, el Legislativo procedió a la votación, considerando que el debate ya había sido suficiente. La decisión marca un nuevo episodio de inestabilidad, sumando a Boluarte a la lista de presidentes destituidos o renunciantes desde 2018.
La Inseguridad y el Ataque que Colmó el Vaso
La destitución de Boluarte se precipitó por el clamor de respuestas ante la creciente «impunidad» de las bandas criminales, un fenómeno de violencia organizada que ha disparado la extorsión en Perú. Las mociones de vacancia fueron aceptadas gracias a los votos de influyentes partidos de derecha y el fujimorismo, que hasta hace poco la habían respaldado. La legisladora conservadora Norma Yarrow resumió el sentir de muchos durante el debate: «Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser vacada esta señora presidenta».
El catalizador final fue un ataque ocurrido la noche del miércoles contra la popular banda de cumbia Agua Marina en un recinto militar en Lima. El incidente, que colmó la paciencia de muchos, se produjo cuando una ráfaga de disparos interrumpió la actuación, hiriendo a cuatro integrantes del grupo. La Policía Nacional del Perú, que encontró 27 casquillos de bala en el lugar, cree que el ataque fue obra de dos individuos en motocicleta, y todos los indicios apuntan a una banda criminal dedicada a la extorsión, dada la proliferación de esta violencia en el país.
El ataque a Agua Marina puso en primer plano la magnitud de la violencia que vive la población peruana. Miembros de la banda, como César More y Wilson Ruiz, fueron atendidos por heridas de bala y se reportan estables. Ante el peligro, la Policía activó el Plan Cerco en Lima y reforzó la seguridad de las familias de los músicos. Este hecho simbólico se convirtió en la prueba de que la delincuencia se ha erigido como la principal preocupación de los ciudadanos, un tema que el gobierno de Boluarte fue criticado por no haber gestionado de manera efectiva.
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