19 DE DICIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. El Congreso del Estado de Sinaloa tomó una decisión histórica al aprobar la extinción de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), organismo que operaba desde el año 2002. Esta medida surge a partir de una iniciativa presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien busca transformar la manera en que se gestionan los datos públicos en la entidad. La votación en la 65 Legislatura reflejó una clara división política, con 30 votos a favor por parte de Morena, PVEM y PT, frente a nueve votos en contra de las fracciones del PRI, PAN, MC y PAS.
La desaparición de la CEAIP ha provocado reacciones inmediatas entre los legisladores de oposición, quienes consideran que esta acción debilita la vigilancia ciudadana sobre el gobierno. La diputada del PRI, Paola Gárate, calificó la jornada como un día triste para el estado, asegurando que eliminar este órgano autónomo representa un intento de ocultar la fiscalización pública. Según su postura, no se trata de una simple mejora administrativa, sino de un golpe directo a la rendición de cuentas que tanto ha costado construir en las últimas décadas.
Posturas encontradas sobre la transparencia estatal
Por su parte, el diputado del PAN, Jorge Antonio González Flores, manifestó su total desacuerdo con la eliminación de la CEAIP, argumentando que esto significa un retroceso democrático de gran magnitud. El legislador señaló que la concentración del poder en manos del Estado debería ser una preocupación para todos los sectores de la sociedad sinaloense. Para la oposición, la autonomía que ofrecía el instituto era fundamental para garantizar que cualquier ciudadano pudiera preguntar y obtener respuestas claras sobre el uso del dinero público sin filtros gubernamentales.
A pesar de estas críticas, el decreto enviado por el mandatario estatal tiene como fin armonizar la Constitución de Sinaloa con las reformas aprobadas a nivel federal. Este cambio forma parte de la estrategia nacional de simplificación orgánica, la cual busca eliminar diversos organismos autónomos de transparencia tanto en el país como en los estados. Con la salida de la CEAIP, se propone un nuevo esquema donde la responsabilidad de informar recaerá en un modelo de gestión distinta, integrado por diversas dependencias ya existentes dentro del aparato gubernamental.
El nuevo modelo de gestión y los derechos laborales
El sistema que sustituirá las funciones de la CEAIP estará compuesto por un Comité Coordinador que incluye a titulares de la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. También participarán representantes del Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Secretaría encargada del control interno del Ejecutivo. Las autoridades aseguran que este grupo trabajará para mantener el acceso a la información, aunque ahora bajo una estructura coordinada entre diferentes poderes y órganos del estado.
Una vez que el decreto entre en vigor de manera oficial, el Congreso local contará con un plazo de 120 días naturales para realizar todos los ajustes legales necesarios para concluir el proceso de la CEAIP. Un punto relevante que se incluyó en el documento es que se prometió respetar íntegramente los derechos laborales de los servidores públicos que trabajaban en el instituto. Las leyes aplicables protegerán a los empleados durante esta transición, buscando que el cambio administrativo no afecte sus prestaciones ni su estabilidad económica mientras se liquida el organismo.
El impacto en la Plataforma Nacional de Transparencia
