Activistas buscan revertir la reforma con amparos legales
MARZO 6 2025 Chetumal, MX.- El Congreso de Quintana Roo aprobó reformas que criminalizan la protesta, generando preocupación entre activistas y ciudadanos. En respuesta, se han promovido demandas de amparo con el objetivo de impugnar el Decreto 92 y el artículo 182 del Código Penal, los cuales sancionan con hasta seis años de prisión el bloqueo de vías estatales.
La feminista Grisell Balderas Jonguitud, integrante de la organización Mujeres por México, presentó un amparo contra la expedición, publicación y aplicación de estas normativas. La activista ha señalado que estas reformas vulneran el derecho a la libre manifestación y criminalizan la participación ciudadana en la vida pública del estado.
Legisladores ratifican leyes sin análisis previo
El Decreto 92 y la reforma al artículo 182 del Código Penal han sido ampliamente criticados por diversos sectores sociales. Aunque estas normativas estaban en vigor desde 2019, el actual Congreso decidió ratificarlas sin un análisis adecuado, lo que ha provocado el rechazo de ciudadanos y organizaciones de derechos humanos.
Grisell Balderas Jonguitud, quien en el pasado ha realizado huelgas de hambre en el Poder Judicial de Quintana Roo, señaló que esta reforma atenta contra los derechos fundamentales de la sociedad. La aprobación de estas leyes sin una discusión pública previa demuestra la falta de transparencia y compromiso con la ciudadanía por parte de los legisladores locales.
Amparos en proceso contra las reformas
El Juzgado Tercero de Distrito, bajo el expediente 167/2025 de amparo indirecto, ha admitido la demanda de Balderas Jonguitud, aunque en su resolución inicial no otorgó la suspensión de los actos reclamados. Ante esta situación, la activista ya prepara una apelación mediante un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado de Circuito.
Este caso se suma a otros amparos promovidos por colectivos feministas como Siempre Unidas y algunas integrantes de Madres Buscadoras, quienes han llevado a cabo protestas en Cancún y otras ciudades de Quintana Roo en rechazo a estas reformas.
Ejecutivo estatal aún no responde
A pesar de las manifestaciones y la presión de la sociedad civil, el Congreso de Quintana Roo no ha iniciado el proceso legislativo para modificar estas disposiciones. La titular del Ejecutivo estatal envió una propuesta de reforma para revertir la criminalización de la protesta, pero hasta el momento no ha sido tomada en cuenta por los diputados.
El futuro de estas reformas aún es incierto, pero la lucha de los colectivos y ciudadanos afectados por estas leyes continúa, buscando que se respeten los derechos fundamentales de libre expresión y manifestación en Quintana Roo.
