2 DE DICIEMBRE DEL 2025 – INTERNACIONAL. Congresistas de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, están ejerciendo una intensa presión sobre el gobierno de Donald Trump para que aclare las acusaciones que rodean los recientes ataques militares contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe. Un explosivo informe publicado por el Washington Post señaló que, en un caso particular, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría dado una orden verbal de «matarlos a todos» después de un ataque a lancha inicial que dejó dos sobrevivientes. Esto habría motivado un segundo ataque. La noticia ha encendido las alarmas en el Capitolio, donde los comités que supervisan el Pentágono han prometido una «supervisión rigurosa» para determinar la legalidad y los hechos concretos de estas operaciones. La credibilidad del Pentágono y la legalidad de sus acciones están ahora en el ojo del huracán.
Legalidad de los Ataques a Lancha en Duda
El meollo del escándalo radica en la legalidad de llevar a cabo un segundo ataque a lancha con la supuesta intención de eliminar a los sobrevivientes del primero. La Casa Blanca, a través de su secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, confirmó la realización de un ataque adicional con autorización de Hegseth, pero negó rotundamente que el secretario haya ordenado «acabar con todos». Leavitt defendió al almirante Frank Bradley, quien ordenó el segundo ataque, asegurando que actuó correctamente dentro de su autoridad y la ley, citando que los grupos narcoterroristas «están sujetos a ataques letales de acuerdo con las leyes de la guerra». El presidente Trump, por su parte, ha respaldado a Hegseth «al cien por cien». No obstante, la información sin verificar del Washington Post pone en tela de juicio las reglas de enfrentamiento, especialmente en un contexto donde el gobierno de Trump justifica las operaciones como un «conflicto armado no internacional».
La controversia se agrava por las reglas de la guerra establecidas en los Convenios de Ginebra. Estas normativas internacionales prohíben categóricamente atacar a participantes heridos en un conflicto, quienes deben ser detenidos y atendidos. Los legisladores han expresado su profunda preocupación, sin importar su afiliación partidista. El senador demócrata Tim Kaine declaró que, si las acusaciones son ciertas, esto «alcanza el nivel de un crimen de guerra». Por su lado, el republicano Mike Turner, aunque dijo no tener información que confirmara el segundo ataque a lancha, reconoció que, de haber ocurrido, sería un «acto ilegal» y «muy grave». Estos comentarios subrayan que el supuesto segundo ataque, si se demuestra que fue para asesinar a sobrevivientes, violaría principios fundamentales del derecho internacional humanitario.
Los comités clave del Congreso han respondido con firmeza a las acusaciones sobre el ataque a lancha. El Comité de Servicios Armados del Senado, liderado por los republicanos, anunció que llevará a cabo una «supervisión rigurosa» y ha solicitado información al Departamento de Defensa (DOD). De manera similar, el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes prometió tomar «medidas bipartidistas para obtener un informe completo» de la operación. El propio secretario Hegseth refutó las acusaciones en redes sociales, tachándolas de «inventadas, incendiarias y difamatorias», y defendió la legalidad de los ataques bajo el derecho estadounidense e internacional, basándose en la afiliación de los narcotraficantes a Organizaciones Terroristas Designadas. A pesar de las negaciones, el Congreso está decidido a llegar al fondo de las denuncias, evidenciando una fractura de confianza.
El contexto de estas operaciones es la intensificación de la presencia militar de EE. UU. en el Caribe, el mayor despliegue en décadas, como parte de una supuesta operación antinarcóticos. Washington acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de ser líder del llamado Cartel de los Soles, un supuesto grupo criminal dedicado al narcotráfico, lo que para EE. UU. justifica estas acciones letales como legítima defensa contra quienes transportan drogas ilícitas. Más de 80 personas han muerto en estos ataques a lancha desde septiembre. Las acciones militares también son vistas como una estrategia de alta presión para forzar la salida de Maduro del poder, lo que el gobierno venezolano califica de avivar las tensiones y de ser un intento de derrocamiento.
