El presidente Donald Trump informó al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado contra los carteles de la droga, a los que ahora clasifica como “combatientes legales”. El anuncio, revelado a través de un documento confidencial obtenido por medios internacionales como CBS, The New York Times y Reuters, ocurre tras los ataques de Washington contra tres lanchas en el Caribe que presuntamente transportaban drogas hacia territorio estadounidense, dejando al menos 17 muertos.
Carteles como enemigos armados
El memorando asegura que Trump considera a los carteles como grupos armados no estatales y que sus operaciones equivalen a “un ataque armado contra Estados Unidos”. En esa línea, el mandatario ordenó al Departamento de Defensa —al que se refiere como “Departamento de Guerra”— llevar a cabo operaciones en cumplimiento de la ley de conflicto armado. Para la Casa Blanca, estas organizaciones, acusadas de inundar las calles de Estados Unidos con cocaína y fentanilo, representan una amenaza directa a la seguridad nacional.
Durante las últimas semanas, Washington desplegó una operación militar en el Caribe, particularmente cerca de las costas de Venezuela. El gobierno de Trump sostiene que la ofensiva está dirigida contra grupos como el Tren de Aragua, catalogado como “organización terrorista”, y contra el llamado Cártel de los Soles, que según Estados Unidos involucra a militares venezolanos y estaría encabezado por Nicolás Maduro. Caracas, en cambio, asegura que estas acusaciones son un pretexto para justificar intentos de cambio de régimen.
Legalidad bajo cuestionamiento
Las operaciones contra las embarcaciones en el Caribe han generado críticas y dudas sobre su legalidad. Expertos consultados por la BBC sostienen que el uso de la fuerza pudo haber violado el derecho internacional, ya que la interceptación de embarcaciones generalmente debe hacerse con métodos no letales. Luke Moffett, profesor de la Queens University de Belfast, advirtió que la acción podría considerarse una “ejecución arbitraria” y una grave violación a los derechos humanos.
Para Trump, sin embargo, esta calificación de “conflicto armado” no solo busca justificar la ofensiva, sino también consolidar poderes extraordinarios propios de un escenario bélico. Según The New York Times, esta estrategia apunta a ampliar las atribuciones presidenciales bajo la justificación de la seguridad nacional, lo que podría redefinir la manera en que EE.UU. combate al narcotráfico en la región.
<
