22 de Septiembre del 2025.- La comunidad internacional ha alzado su voz en una contundente condena a la represión exacerbada en Venezuela, tal como se desprende del reciente informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas. Este documento detalla una sistemática violación de derechos humanos que siguió a las elecciones presidenciales de 2024, generando un amplio repudio por parte de diversas naciones y organismos internacionales. La preocupación se centra en las detenciones arbitrarias, la tortura y la persecución política que afectan a ciudadanos venezolanos y extranjeros por igual, marcando un panorama preocupante para la democracia y las libertades fundamentales en la región.
Durante las deliberaciones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la Unión Europea, junto con varios países latinoamericanos como Argentina, Perú y Chile, exigieron la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente y demandaron al régimen chavista el cese de la persecución política. La gravedad de la situación ha llevado a varios países a denunciar la detención de sus propios ciudadanos, como España, que reportó tener 4 detenidos y 16 doble nacionales, y Argentina, que calificó la detención de extranjeros como “desaparición forzada”. Esta firme postura internacional subraya la urgencia de acciones concretas para revertir el deterioro de los derechos humanos en el país.
El Alcance de la Represión en Venezuela
El informe de la Misión de la ONU, que abarca el periodo entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, es una prueba irrefutable de la intensificación de la represión en Venezuela después de los comicios. Documenta casos de detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia, así como la persecución contra opositores, periodistas y manifestantes. La jurista portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la Comisión, enfatizó que sus investigaciones confirman “el crimen de persecución por razones políticas” y señaló que no existe una autoridad nacional capaz de prevenir o sancionar estas graves violaciones, dejando a la comunidad internacional como la única esperanza de justicia para las víctimas.
Las declaraciones de países como Brasil y Paraguay, aunque con matices, también expresaron su inquietud por la situación. Brasil instó a mejorar la situación de derechos humanos, aunque también manifestó preocupación por las sanciones unilaterales, mientras que Paraguay reiteró su llamado a respetar la voluntad del pueblo venezolano. En contraste, aliados geopolíticos como Irán, Rusia, Corea del Norte y Zimbabue defendieron al régimen chavista, cuestionando la legitimidad de la Misión de la ONU y condenando las sanciones internacionales. Esta división en el seno de la comunidad internacional pone de manifiesto la complejidad del escenario político en torno a la represión en Venezuela.
La OEA, por su parte, criticó la falta de publicación de las actas electorales un año después de las elecciones, lo que mina la credibilidad del proceso democrático. Además, denunció que las instituciones del Estado están siendo utilizadas para perpetuar al gobierno en el poder y que nadie ha rendido cuentas por las 25 ejecuciones relacionadas con las protestas postelectorales. La impunidad es un elemento central en la narrativa de la represión en Venezuela, con la Fiscalía sin informar sobre las investigaciones de las muertes, a pesar de la evidencia que apunta a la implicación de las fuerzas de seguridad.
Posibles Repercusiones Legales y la Lucha contra la Represión en Venezuela
Ante la inacción de las autoridades nacionales y la persistencia de graves violaciones de derechos humanos, la condena internacional no solo busca la liberación de los detenidos y el cese de la persecución, sino que también sienta las bases para posibles acciones legales en tribunales internacionales. La documentación exhaustiva de la Misión de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad y la perpetuación de la impunidad podrían fortalecer los argumentos para llevar a los responsables ante la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La presión diplomática y la evidencia recabada por organismos internacionales son cruciales para asegurar que las víctimas de la represión en Venezuela obtengan justicia y que los perpetradores rindan cuentas por sus actos, marcando un precedente en la defensa de los derechos humanos a nivel global.
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