
El Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercio Pequeño) ha lanzado una advertencia contundente: el aumento de impuestos propuesto para los cigarros en el Paquete Económico para 2026 no solo fracasará en su objetivo de reducir el consumo, sino que también causará un golpe duro a los pequeños comercios en Quintana Roo y todo el país. Según la organización, la medida afectará directamente las ventas de tiendas de abarrotes, misceláneas y supercitos, que dependen en gran medida de estos productos para su sustento. El presidente de la organización, Gerardo López Becerra, señaló que la experiencia pasada ya demostró que este tipo de políticas fiscales no logran los resultados esperados.
López Becerra recordó que en 2010 se implementó un aumento similar, proyectando una recaudación de 42 mil millones de pesos, pero solo se obtuvieron 30 mil millones, una pérdida considerable. Lo más preocupante, según la Secretaría de Salud en ese entonces, es que el consumo de tabaco no disminuyó, sino que incluso aumentó. La nueva propuesta del gobierno federal busca elevar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en más del 30%, lo que se traduciría en un aumento de al menos 20 pesos por cajetilla para el próximo año.
Incremento Fiscal y la Amenaza del Mercado Ilegal


Un punto crucial que resalta ConComercio Pequeño es el riesgo de que el aumento de impuestos impulse el mercado ilegal de cigarros. Según López Becerra, los comerciantes son frecuentemente amenazados o chantajeados para vender marcas ilícitas, una situación que se agravaría con un incremento en el precio de los productos legales. Este fenómeno no solo afecta a los negocios de manera económica, sino que también los expone a riesgos de seguridad, como extorsión y agresiones físicas. La proliferación de estos productos ilegales representa una competencia desleal que socava aún más la economía formal.
El presidente de la organización citó como evidencia el reciente decomiso de más de 10 millones de cajetillas de cigarros ilegales en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que demuestra la magnitud del problema. Para ConComercio Pequeño, analizar el incremento de impuestos de forma aislada es un error. Las tiendas de abarrotes son una parte vital de la economía nacional, pero ya enfrentan numerosos desafíos, como la competencia desigual, la inseguridad y un mercado informal en constante crecimiento. Un nuevo impuesto solo añade una carga más a estos negocios vulnerables.
Por esta razón, la organización ha hecho un llamado enérgico al Poder Legislativo para que deseche la propuesta de aumentar los impuestos. La postura de ConComercio Pequeño es clara: este tipo de medidas no solo son ineficaces para los objetivos de salud y recaudación, sino que también ponen en peligro la subsistencia de miles de pequeños comerciantes, quienes son un pilar de la economía local. Su bienestar está directamente relacionado con la estabilidad de las comunidades a las que sirven.
La situación se vuelve aún más crítica en un estado como Quintana Roo, donde el pequeño comercio es una base fundamental para la economía de muchas familias. El impacto de estas políticas se sentiría directamente en las comunidades de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, que dependen del turismo y, por ende, de una economía local sana. La propuesta, si se aprueba, podría tener consecuencias económicas y de seguridad que van mucho más allá de una simple variación de precios, afectando la estabilidad social y la seguridad de los ciudadanos.
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es un gravamen que se aplica a la producción y venta o importación de ciertos bienes considerados no básicos o dañinos para la salud. En México, además del tabaco y los refrescos, también se aplica a bebidas alcohólicas, gasolinas, alimentos con alto contenido calórico y plaguicidas. El objetivo del IEPS es doble: recaudatorio, para obtener ingresos para el Estado, y regulador, para desincentivar el consumo de productos que pueden tener un impacto negativo en la salud o el medio ambiente. Sin embargo, su efectividad ha sido un tema de debate constante, ya que el aumento de precios puede empujar a los consumidores hacia el mercado informal o ilegal.