Diana García
CHETUMAL, Quintana Roo, 30 de diciembre.– Aunque no mostró ningún documento que acredite sus dichos, la empresa concesionaria de agua potable, Aguakán anunció que un juez federal concedió la suspensión provisional del Decreto 195 emitido por el Gobierno de Quintana Roo, donde diputados del Congreso del estado, tumbaron el decreto 250 que permitía a la cocesionaria brindar los servicios de agua potable en Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad y Benito Juárez hasta el 31 de diciembre de 2053.
A través de un comunicado, la empresa señaló que tras presentar una demanda de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación en el Estado de Quintana Roo, un juez federal concedió la suspensión provisional a favor de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (DHC).
Y que, con ello, se confirma el derecho de la concesionaria para continuar con sus operaciones en dichos municipios, sin “afectación, o interrupción” de los servicios, inclusive – añade- después del 1 de enero del 2024 y hasta el 31 de diciembre del 2053.
Como se recordará el pasado 22 de diciembre, por unanimidad, diputados del Congreso de Quintana Roo aprobaron abrogar el decreto 250 promulgado en el Gobierno de Roberto Borge en la Décimo Cuarta legislatura, donde se prorrogaba el vencimiento de la vigencia del título de concesión de agua potable integral a Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV hasta el 31 de diciembre de 2053, ante el repudio de la ciudadanía establecido en la consulta popular organizada por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) el 6 de junio de 2021 en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres y Puerto Morelos.
Municipios donde los habitantes han denunciado la insatisfacción del servicio, especialmente por la falta del vital líquido durante semanas, y con un costo excesivo, incluso han recurrido al bloqueo de vialidades como parte de las manifestaciones y protestas.
La concesión de Aguakán se otorgó el un “madruguete” de los diputados de la Décimo Cuarta Legislatura integrada por una mayoría priísta, entre señalamientos de actos de corrupción por las condiciones del contrato calificado como “leonino”, de acuerdo con la minuta de la sesión realizada el 11 de noviembre de 2014, sólo hubo cinco votos en contra de extender la concesión: Jorge Aguilar Osorio, Sergio Bolio, Perla Tun, María Trinidad García y Hernán Villatoro.
Entre los que levantaron la mano a favor, en dicha sesión figuran actuales legisladores: Juan Carrillo Soberanis diputado federal, y Susana Hurtado Vallejo diputada local antes del PRI, ahora del PVEM, por cierto, la diputada ahora integrante de la Décimo Séptima Legislatura voto a favor de “tumbar” el Decreto 250, que en 2014 ella misma aprobó.
Hasta el cierre de esta edición, ni el Gobierno del estado, ni diputados locales se han pronunciado al respecto.
A continuación, el comunicado integro:
En seguimiento al evento relevante publicado por Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (“DHC”) el pasado 25 de diciembre, se informa que el 26 de diciembre de este año, DHC presentó demanda de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación en el Estado de Quintana Roo, en contra de los efectos del Decreto número 195 (“Decreto 195”), emitido por la Legislatura del Estado de Quintana Roo, el pasado 22 de diciembre del presente año, por el que se pretendió abrogar el diverso Decreto número 250 emitido por la propia Legislatura del 15 de diciembre del 2014.
Transcurridos los términos procesales correspondientes, en la fecha de este aviso, se admitió a trámite la demanda de Amparo presentada concediéndose la suspensión provisional a favor de DHC, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se aplique en la esfera jurídica de DHC el Decreto 195. Con ello se confirma el derecho de la concesionaria para continuar brindando, sin afectación o interrupción, los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad en el estado de Quintana Roo, inclusive después del 1 de enero del 2024 y hasta el 31 de diciembre del 2053, en los términos y condiciones previstos en el título de concesión otorgado en su favor, incluyendo las modificaciones al mismo.
Con la resolución anterior, se da un paso firme hacia el respeto y garantía del derecho humano al agua de la población de los Municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos, y al estado de derecho en Quintana Roo.
