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Concesión de Agua en la Balanza, Suprema Corte Analizará Caso Aguakán el 16 de Octubre

Medina Cortez by Medina Cortez
octubre 9, 2025
in Benito Juárez, Destacado, Locales, Portada, Principal
Tiempo de lectura: 4 mins de lectura
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9 DE OCTUBRE DEL 2025 – LOCAL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha puesto en el calendario el análisis del conflicto que rodea a la concesión de agua potable otorgada a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakán). La fecha crucial será el próximo 16 de octubre, cuando el máximo tribunal del país discutirá la posibilidad de atraer el caso, una decisión que podría sentenciar el fin de la concesión para el suministro de agua en cuatro municipios de Quintana Roo, abriendo una puerta definitiva para el retiro anticipado de la empresa.

La solicitud de atracción del caso no es menor, pues ha sido impulsada por el ministro presidente de la nueva Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y cuenta con el respaldo de las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama. Este trío de juzgadores, conocidos por estar alineados a la llamada Cuarta Transformación (4T), le da un peso judicial considerable a la petición. De concretarse la atracción, el destino de la concesión de Aguakán quedará completamente en manos de los ministros.


El Giro en la Suprema Corte y el Conflicto

Este movimiento en la SCJN marca un cambio radical respecto a la situación que se vivió durante la administración anterior de la Corte. En ese momento, el Gobierno del Estado de Quintana Roo buscó que el máximo Tribunal interviniera en el tema de la concesión, pero todas las solicitudes fueron rechazadas por la entonces presidenta del órgano judicial, Norma Lucía Piña Hernández, quien argumentó una supuesta «falta de legitimidad» en el juicio de amparo de origen.

Sin embargo, el panorama ahora es distinto. La petición proviene directamente de los ministros con mayor peso judicial, quienes han solicitado formalmente conocer el caso de este conflicto que afecta a miles de ciudadanos por el control del agua potable en destinos turísticos clave como Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres. El interés de la cúpula judicial sugiere que el tema de la concesión ha escalado al más alto nivel de relevancia nacional.

Origen del Amparo y el Recurso de Revisión

El conflicto legal que podría definir el futuro de la concesión de Aguakán tiene su origen en el juicio de amparo indirecto con expediente 1323/2023. Este recurso fue promovido por la propia empresa, Desarrollos Hidráulicos de Cancún, en diciembre de 2023, inmediatamente después de que el Congreso del Estado aprobara la medida para el retiro anticipado de su concesión por presunto pésimo servicio.

Aunque la empresa logró obtener suspensiones dentro de este juicio de garantías, las cuales se mantienen hasta la fecha, un revés legal ocurrió en abril pasado. El Juzgado Octavo de Distrito dictó una sentencia en la que negó a la empresa el amparo y Protección de la Justicia de la Unión. Tras perder el amparo, Aguakán interpuso un recurso de revisión que recayó en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, bajo el número de expediente 311/2025.

Es precisamente este último expediente, el 311/2025, el que busca resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sesión programada para la próxima semana. De determinarse la atracción, la decisión final sobre la vigencia o cancelación de la concesión no será tomada por tribunales locales, sino directamente por los ministros del máximo órgano jurisdiccional del país, lo que para muchos significa que la concesión de Aguakán tiene sus días contados.

La Suprema Corte determina la cancelación de la concesión a Aguakán, el Gobierno del Estado de Quintana Roo tiene ya un plan de contingencia operativa. Fuentes cercanas a la administración han revelado que existe un acuerdo preliminar con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para que asuma de inmediato la operación del servicio. Sin embargo, el principal punto de disputa en una posible cancelación será la indemnización millonaria que la empresa concesionaria podría exigir, un monto que podría ascender a miles de millones de pesos y que requerirá una resolución judicial específica.

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