Chetumal, Quintana Roo, 6 de octubre de 2025.— Más de 20 organizaciones y colectivos de la sociedad civil han insistido en que el Congreso del Estado de Quintana Roo responda a la propuesta de modificación de la Ley de Participación Ciudadana, presentada desde el pasado mes de julio por la asociación “Comunicación de Política Colectiva”. A pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales, el documento continúa sin ser turnado a comisiones, lo que ha generado críticas al llamado “silencio legislativo”.
El vocero de la organización, Jorge L. Salazar, señaló que han pasado más de dos meses desde que se verificó el cumplimiento de los requisitos de la iniciativa, sin que se haya emitido una respuesta oficial. Aseguró que esta omisión vulnera el derecho de los ciudadanos a ser escuchados y atendidos por sus representantes, como lo establece el artículo octavo constitucional. “No responder en tiempo y forma es una falta grave que debilita la confianza en las instituciones”, afirmó.
Falta de respuesta genera desconfianza ciudadana
De acuerdo con los colectivos, esta falta de atención representa un retroceso en materia democrática, pues limita la posibilidad de que los ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones públicas. Destacan que el Congreso debe ser un espacio abierto y transparente, donde las iniciativas ciudadanas sean escuchadas y discutidas con seriedad y compromiso.
La propuesta de la nueva Ley de Participación Ciudadana busca incorporar mecanismos modernos de participación, como el presupuesto participativo digital, la revocación de mandato y los cabildos abiertos obligatorios. Estas herramientas permitirían fortalecer la relación entre autoridades y ciudadanía, además de garantizar una mayor rendición de cuentas y transparencia en los tres niveles de gobierno.
Hacia una democracia más abierta y moderna
Jorge L. Salazar explicó que la propuesta fue elaborada tras un análisis detallado de todas las leyes estatales de participación ciudadana del país, con el objetivo de que Quintana Roo cuente con una legislación progresista y actualizada. “Queremos que nuestro estado sea un referente nacional en democracia local”, enfatizó. Según los promotores, esta ley permitiría que los ciudadanos tengan voz real en la planeación y evaluación de las políticas públicas.
Se dio a conocer que la iniciativa también propone la creación de un Consejo Ciudadano Estatal de Participación, que serviría como órgano consultivo permanente para revisar políticas públicas, evaluar presupuestos y proponer reformas desde la sociedad civil. Este consejo sería integrado por representantes de universidades, cámaras empresariales, organizaciones sociales y comunidades indígenas.
Además, especialistas en derecho constitucional y política pública han respaldado la iniciativa, señalando que su aprobación colocaría a Quintana Roo entre las entidades con mayores avances en materia de participación democrática. De acuerdo con datos del INAFED, solo 12 estados del país cuentan actualmente con leyes ciudadanas actualizadas y funcionales.
Finalmente, los colectivos exhortaron al Congreso del Estado a atender su responsabilidad con los ciudadanos y a promover un verdadero parlamento abierto que fomente el debate plural. “La falta de respuesta no solo vulnera derechos, también envía un mensaje de indiferencia a quienes buscan construir un mejor estado desde la participación social”, concluyó Salazar.
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