3 DE MARZO DEL 2026 – NACIONAL. En la víspera de la conmemoración del 8 de marzo, diversas agrupaciones de mujeres se manifestaron frente a la Secretaría de Gobierno de Querétaro para denunciar que las autoridades intentan «administrar» su movimiento. Las activistas encontraron las puertas de la institución cerradas, un hecho que calificaron como un símbolo de la indiferencia estatal ante la violencia que atraviesan. Durante el acto, señalaron que esta jornada no es un evento protocolario ni una agenda del gobierno, sino un espacio de denuncia ciudadana contra la discriminación y la falta de igualdad que persiste en la entidad.
Las representantes de las asociaciones explicaron que la violencia contra las mujeres en el estado es estructural y se manifiesta tanto en el hogar como en las instituciones. Denunciaron que las autoridades encargadas de impartir justicia suelen ser cómplices al minimizar o retrasar los casos, lo que provoca una revictimización constante de las afectadas. Para este año, la movilización de mujeres contará con la participación de más de 20 contingentes, incluyendo a madres con sus hijas, sobrevivientes de ataques, mujeres indígenas, personas con discapacidad y diversos grupos de la sociedad civil organizada.
Críticas a la gestión de la protesta de mujeres
Un punto central de la denuncia fue la responsabilidad directa que las colectivas atribuyeron al secretario de Gobierno, Erick Gudiño, por la organización de eventos oficiales paralelos. Las manifestantes señalaron que el gobierno ha convocado a una actividad distinta en el mismo lugar y horario que su caminata autónoma, lo cual genera confusión y fragmentación. Esta acción es vista como un intento de desdibujar un proceso organizativo que tiene una identidad propia y que, por definición, es de carácter separatista y no negociable para garantizar la seguridad de las asistentes.
Además de los problemas logísticos, las activistas presentaron testimonios desgarradores que evidencian fallas graves en el sistema judicial. Dafne, una joven sobreviviente, denunció públicamente que su agresor, quien abusó de ella cuando era menor de edad, fue protegido por las autoridades debido a que trabajaba en la fiscalía. Este tipo de casos demuestra que la manifestación feminista es necesaria para visibilizar cómo los cargos públicos son utilizados para encubrir delitos y obstruir la justicia, dejando a las víctimas en total vulnerabilidad y desamparo.
Violencia institucional en el encuentro de mujeres
Otro caso que resonó durante la protesta fue el de la madre de Lluvia, una sobreviviente de intento de feminicidio que ahora enfrenta violencia vicaria protegida por las propias instituciones. Ella acusó que se le está obligando a negociar con su agresor y a forzar una vinculación con sus hijos, a pesar de existir carpetas de investigación abiertas por violencia familiar. Las mujeres presentes insistieron en que el silencio del Gobierno del Estado de Querétaro ante estos reclamos los convierte en cómplices de los agresores que ostentan poder o influencia política.
